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'La ley de amnistía encubierta' de Perú fue consultada con el abogado de Fujimori

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Ante las denuncias periodísticas, el ministro de Defensa, Rafael Rey, reconoció este viernes que antes de promulgar el polémico decreto 1097, calificado como una amnistía encubierta, consultó su contenido con César Nakazaki, abogado del ex presidente Alberto Fujimori.

A pesar de que admitió la participación de Nakazaki, negó que el conocido abogado haya sido contratado como asesor para la redacción del paquete de 4 leyes -entre ellas la 1097- que declaran prescritos los crímenes de Estado cometidos antes de 2003 y permiten que acusados por violaciones de Derechos Humanos salgan libres si sus procesos superan los 14 meses. Además, establecen que los Tribunales Militares puedan juzgar delitos como homicidios o violaciones sexuales cometidos por las Fuerzas Armadas.

El estudio de abogados Sousa & Nakazaki, cuyos socios fundadores son César Nakazaki y el congresista fujimorista Rolando Sousa, además de defender a Fujimori, tiene en su cartera la defensa de numerosos miembros de las Fuerzas Armadas acusados de violaciones de los Derechos Humanos. También de conocidos acusados por narcotráfico y lavado de activos como el ex alcalde de Coronel Portillo Luis Valdez.

"Por supuesto que he consultado cosas con César Nakazaki por teléfono", dijo Rafael Rey. "Hemos hablado con ellos (Nakazaki y el también abogado Sergio Tapia) como con muchos otros. Aun cuando hubiese habido una relación de asesoría, que no existe, ¿Cuál es el problema? Ese tema me parece tan ridículo, tan intolerante que lo damos por zanjado".

Rey utilizó el calificativo de "intolerantes" para referirse a las organizaciones de Derechos Humanos, a las ONG y a los medios de comunicación que han criticado la participación de Nakazaki. También arremetió contra Monseñor Cabrejos, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, institución que el jueves defendió en un comunicado la imprescriptibilidad de los crímenes de Estado.

Frente a las críticas de la Iglesia, la Fiscalía de la Nación, la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales como Amnistía Internacional, el ministro defendió la disposición complementaria del decreto que señala prescriptibles los crímenes de Estado cometidos antes de 2003, fecha en la que Perú suscribió la Convención de Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad.

El Partido Nacionalista, la principal fuerza de oposición, denunció que la participación del estudio Sousa & Nakazaki va más allá de una consulta y que el Ministerio de Defensa ha firmado un contrato con este despacho para la defensa de implicados en casos de violaciones de Derechos Humanos.

"Es obvio que el ministro de Defensa ha hecho las leyes en coordinación, por no decir complicidad, con el estudio Nakazaki, con quien ha firmado un contrato para defender a 200 militares acusados en violaciones de derechos humanos", denunció a ELMUNDO.es Daniel Abugattas, vocero de la bancada nacionalista, partido que denuncia una alianza para la impunidad entre el partido de gobierno y el fujimorismo.

El pasado 18 de enero, y según figura en documentos públicos a los que ha tenido acceso ELMUNDO.es, el despacho de Nakazaki participó en un concurso público para realizar una asesoría legal especializada en el Ministerio de Defensa. Según Abugattas, esta asesoría se concretó el pasado 15 de abril.

La ley sí puede beneficiar a Fujimori

Para las organizaciones civiles, la participación de Nakazaki confirma que la ley 1097 beneficia a todos los violadores de Derechos Humanos, sea cual sea la etapa del proceso judicial en la que se encuentren. Por lo tanto, advierten que podría beneficiar a Fujimori, condenado a 25 años, y a su escuadrón de la muerte, el Grupo Colina.

Desde su promulgación, una veintena de generales e integrantes de Colina han pedido el archivamiento del proceso que se les sigue por el caso de Barrios Altos (1991). Además, el jefe del destacamento, Santiago Martín Rivas, pidió que también se archiven sus procesos por el asesinato de 9 estudiantes en la Universidad de La Cantuta (1992).

Otros de sus beneficiados serían los acusados por la matanza del penal del Frontón ocurrida en 1986 durante en el primer gobierno de Alan García, en el que más de un centenar de presos senderistas amotinados fueron ejecutados después de rendirse. Al contrario que los juicios de Los Colina, este caso se encuentra todavía en etapa de instrucción. Entre los procesados se encuentran altos mandos de la Marina de Guerra, el vicepresidente Luis Giampietri y el ex ministro de Interior del primer gobierno de Alan García, Agustín Mantilla.

Precisamente uno de los abogados con quien el ministro de Defensa, Rafael Rey, admitió haberse reunido antes de la promulgación del decreto es Sergio Tapia, abogado de varios marinos implicados en el caso de El Frontón.

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