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Un equipo externo investigará los abusos en la Casa Cuna

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Al menos dos psicólogos, un perito forense y un jurista experto en asuntos relacionados con los menores se desplazarán desde la Península a Santa Cruz de Tenerife a principios del próximo mes de septiembre "para realizar la investigación" sobre el presunto caso de abusos sexuales de la Casa Cuna que "el Cabildo no ha querido afrontar de forma incomprensible". Así lo confirmó ayer a este diario Antonio Toscano, representante de la ONG Afectados y Víctimas de la Corrupción Sexual Infantil (Avicsin), quien ya compareciera en enero de este año en la comisión del Parlamento de Canarias que estudió la desaparición de dos menores en Gran Canaria.

Toscano adelantó que los expertos independientes se entrevistarán con al menos dos de los cuatro denunciantes que acusaron a un cuidador del centro santacrucero, Julio C.G., ante la justicia, así como intentarán hacerlo con otras supuestas víctimas y con responsables de las administraciones públicas, principalmente con los del Instituto de Atención Socio Sanitaria (IASS), dependiente del Cabildo de Tenerife, bajo cuya gestión se encuentra la Casa Cuna. "No entendemos que el Cabildo no haya querido indagar en un caso tan grave como este y como no lo quieren hacer ellos, tendremos que enviar a nuestro personal", señaló Toscano, para precisar que "esa actitud de minimizar lo ocurrido es precisamente la que buscan los pederastas para evitar las penas correspondientes".

Toscano, periodista y principal promotor de la propuesta de Ley Tesis (Terrorismo Sexual Infantil Silenciado), que pide tratar a quienes cometen abusos a menores como terroristas, considera "una aberración" que la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife dejara en libertad provisional al cuidador, que según dos internos y otros dos ex internos del Hogar Sagrada Familia les forzó a realizar actos sexuales, dentro y fuera del recinto, durante más de 15 años. "Conozco infinidad de casos de personas que por delitos mucho menos graves entraron en la cárcel desde el primer momento", dijo, para matizar: "Este hombre es un peligro público que tiene que estar bajo custodia policial. Hay centenares de fotos de él en el sumario realizando actos sexuales y penetraciones con al menos una decena de menores, así como se le detuvo cuando estaba haciéndolo con uno de los que habían sido los chicos a su cuidado. Es increíble que aún así, este hombre esté en la calle".
"¿Qué oculta el Cabildo? ¿Por qué no se atendió a las denuncias contra el comportamiento inadecuado del cuidador denunciado? ¿Por qué se le permitió hacer regalos a los menores y citarse con algunos de ellos fuera del centro cuando eso está terminantemente prohibido? ¿Por qué el Cabildo no quiere organizar una investigación interna?". Son las preguntas que Antonio Toscano y su equipo quieren plantear en los estudios que realizarán, en principio, a partir del día 8 de septiembre.

El experto recordó el último comunicado del Comité de Empresa del IASS, que para él incrementa las sospechas sobre "la falta total de control", que se pudo producir, según él, "no ya hace muchos años, cuando se supone que comenzaron los abusos, sino hace bien poco, cuando el pasado mes de enero el cuidador era denunciado por primera vez por un interno".

Según un comunicado de José Luis Gutiérrez, representante sindical de los empleados del IASS, en una nota enviada a los medios el pasado día 13, "resulta acreditado que ante los conflictos surgidos entre la dirección del IASS con el sector mayoritario de la representación de los trabajadores, principalmente en el periodo comprendido entre 2003 y 2008, los máximos responsables del Instituto necesitaban y buscaron alianzas inconfesables con varios representantes sindicales a fin de quebrar la unidad sindical, entre ellos principalmente J.C.G.". Según este portavoz sindical, en que en una situación "de favoritismo", los responsables del Hogar Sagrada Familia "rebajaron el nivel de control" y "obviaron" al menos dos informes en los que se denunciaba que Julio C.G. ejercía su labor de cuidador "de una forma totalmente inapropiada". Según Gutiérrez, este trabajador se citaba con los menores fuera del recinto, les permitía fumar cuando está totalmente prohibido y mediaba para evitar sanciones contra sus favoritos.

El representante de la ONG Avicsin no comprende cómo los responsables del IASS "no se percataron de nada" durante tantos años en los que supuestamente Julio C.G. ya no sólo cometió estas negligencias, sino que "se aprovechó de su posición de superioridad para someter a los internos a todo tipo de vejaciones". "Conozco casos de pederastas que fueron condenados a ocho años y sólo cumplieron tres en la cárcel. Es increíble", concluyó.

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