Imprimir

La democracia se tambalea en Panamá

on . . Visitas: 417


El Causeway es una lengua de tierra artificial construida con el desescombro de las obras del canal de Panamá a principios del siglo XX; una lengua que une el continente con tres islas próximas. Desde aquí hay una privilegiada vista de la 'nueva ciudad' de Panamá. Decenas de rascacielos que proyectan una imagen moderna y cosmopolita de un país que sólo se conoce en Europa por su tránsito marítimo, una incipiente y potencial industria turística y su condición de paraíso fiscal. Una isla de tranquilidad al margen de las inestables e inseguras Guatemala, Nicaragua, Honduras o El Salvador. Pero la realidad empieza a dar pruebas de artificialidad de todas esas imágenes.

Setecientos detenidos, centenares de heridos y varios muertos durante los nueve días que ha durado la huelga en las bananeras de Bocas del Toro (frontera con Costa Rica) y la detención de líderes sindicales en la capital para tratar de frenar la convocatoria de una huelga general son la última señal de alarma sobre lo que se cuece en ese Panamá que no trasciende.

Mientras, su presidente, Ricardo Martinelli, ha tratado de lanzar una imagen de progreso, con cifras de crecimiento estimado para 2010 del 5%, mano dura contra la inseguridad -aunque las cifras no han descendido- y disciplina fiscal para tratar de salir de las listas negras de paraísos fiscales.

En los últimos meses se han multiplicado las manifestaciones y protestas contra la Administración Martinelli y las acusaciones de dictadura civil no llegan sólo de los partidos de oposición sino de organizaciones sociales, medioambientales y de derechos humanos. Se habla de la amenaza que las decisiones del Gobierno supone para una joven democracia que apenas ha superado los veinte años, cinco presidentes desde la invasión norteamericana que acabó con la dictadura de Manuel Antonio Noriega y dejó centenares de muertos de los que aún se habla en el país.

La controvertida Ley 30

El fin de esa supuesta tranquilidad, el desencadenante de las protestas ha sido la denominada Ley 30 de 2010. Un texto normativo sobre aviación comercial que el Gobierno Martinelli ha utilizado para introducir cambios en la legislación laboral, penal, policial y ambiental. «Ha sido un año de constante retroceso en cualquier camino que pretendiese construirse para hacer de Panamá un estado constitucional», manifestaba el analista político y ex candidato a alcalde Miguel Antonio Bernal.

Los cambios introducidos en la Ley 30 eliminan los estudios de impacto ambiental en cualquier proyecto calificado de interés nacional y permiten, entre otras cosas, que los policías eviten la prisión preventiva en caso de cometer delitos en el ejercicio de su cargo. Todo estos cambios fueron aprobados en la Asamblea, pero sin consultar a las organizaciones y sin consenso, con las puertas bloqueadas con candados y con las instalaciones parlamentarias rodeadas de antidisturbios.

La ley ha sido también el detonante de la huelga en las bananeras seguida por unos 4.000 trabajadores de Sindicato de la Industria del Banano y Afines, en su inmensa mayoría indígenas ngöbe-buglé. Una protesta de nueve días en Bocas del Toro, una de las regiones más pobres y hermosas del país, que ha echado a la calle a mujeres y niños, con una dura represión policial que se ha saldado con varios muertos. Oficialmente se reconocen tres si bien las organizaciones sindicales hablan de doce. Los heridos se cuentan por decenas, en su mayoría por perdigones en el rostro, y las familias denuncian la falta de información sobre víctimas y detenidos, con los que no tienen comunicación. Changuinola permaneció incomunicada durante varios días y han sido internet y las redes sociales las que han permitido que trascendiera algo más que la información oficial.

El Gobierno insiste en la teoría del complot, una huelga orquestada supuestamente por la oposición y los sindicatos. «Cientos de indígenas manipulados», insiste el polémico ministro de Seguridad, José Raúl Mulino. El Ejecutivo hablaba públicamente de diálogo y actuaba a la inversa.

Ante la dureza de la situación y la propia ley 30, varios sindicatos convocaron una huelga general para el pasado día 13. Durante la asamblea para decidirlo, en un hotel de la capital, fueron detenidos varios líderes sindicales y sociales. Cerca de doscientas personas fueron conducidas a las comisarías y posteriormente puestas en libertad. La Fiscalía llegó a dictar orden de conducción (a las comisarías) contra veinte líderes sociales, sindicales, docentes y medioambientales. Apenas 48 horas después fueron revocadas. La acusación: apología del delito.

Huelgas y detenciones

Para completar el panorama de crisis, setecientos trabajadores de las obras de ampliación del canal de Panamá, donde participa la española Sacyr, también han estado varios días en huelga con veintiocho detenidos. Y en medio de un clima de presión contra la prensa. Varios programas de radio han sido cerrados, el periodista Carlos Núñez, de 70 años, lleva dos semanas en prisión por una condena por injurias de hace más de doce años y un fotógrafo permaneció seis horas arrestado. El Gobierno también trata de expulsar del país al periodista español Francisco Gómez Nadal, responsable en Panamá de una ONG de derechos humanos (Human Rigths Everywere) y autor de una columna semanal en el diario 'La Prensa', crítica con el Gobierno.

Mientras, en Jaque (Darien), en la frontera con Colombia, la población denuncia que se limita su movilidad, se han prohibido los vuelos comerciales y desplazado a comunidades indígenas. La justificación del Gobierno es la lucha contra el narcotráfico, después de que dos policías de frontera (Senafront) fueran heridos al estallar una mina antipersona.

Los sucesos de los últimos días estuvieron precedidos por el caso de la procuradora general (fiscal general), Ana Matilde Gómez, suspendida temporalmente acusada de unas presuntas escuchas ilegales en la investigación de otro magistrado. Gómez, que se enfrentará a un juicio a partir de agosto, fue sustituida por Guiussepe Bonissi, nombrado directamente por el presidente Martinelli. Las acusaciones de injerencias del Ejecutivo en el poder judicial ya se habían producido antes con el nombramiento de dos magistrados de la Corte Suprema, abogados afines al mandatario que participaron en su campaña electoral.

Todo ello se produce cuando el Gobierno de Ricardo Martinelli apenas ha superado su primer año de legislatura. Una Administración que empezó con grandes gestos mediáticos y pactando con los sectores empresariales el incremento de los impuestos en los puertos, la zona libre de Colón, los casinos y la única línea aérea del país. Ahora sube el impuesto sobre el consumo del 5% al 7%.

Panamá tiene 3,5 millones de habitantes. El 30% del territorio es indígena, aunque sólo el 10% de la población pertenece a etnias originarias. Su renta per cápita se sitúa en 6.000 dólares anuales (4.500 euros) y el empleo informal supera el 40% de los puestos de trabajo.

 

Utilizamos cookies para mejorar nuestro sitio web y para ofrecerle contenidos más interesantes. Para obtener más información sobre las cookies y cómo eliminarlas, consulte nuestra Política de Privacidad.

Sí, acepto cookies de esta web