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Vivir con cero euros

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¿Les queda cuerpo para planes de ajuste? Porque las calles están repletas de ellos. Tomen el caso de Laura y Khader, matrimonio argelino que reside en Valencia desde 2002: llevan dos años sin cambiar de zapatos, meses sin tomarse un café ni tocar el móvil. Hay 583.000 desempleados en la comunidad autónoma. 168.000 no perciben ningún tipo de subsidio. Un 12,5% de los hogares tiene a todos sus miembros en paro. Familias a las que la crisis ha obligado a cambiar de dieta, reducir el consumo a lo esencial, renegociar alquileres, ver cómo se esfumaban sus propiedades, recurrir a la pensión de los padres y sobreponerse a la perplejidad que produce comprobar que no hay red ahí abajo.

Ricardo Saiz no ha llegado a esa fase. Era -"o soy todavía, no lo sé"- gruista de la construcción. Lleva 14 meses en paro y acaban de decirle que se le ha agotado la prestación y que no reúne los requisitos para acceder a otra clase de subsidio. "¿Y qué hago yo ahora? ¿Me pongo a robar? ¿Me busco una ONG o un párroco que me dé de comer?", dice a la puerta de la oficina del Servef de la avenida del Cid, en Valencia. "Me han dicho que hasta los 52 años ya no me dan nada. Y yo les he dicho: '¿Y estos años, entre los 48 que tengo y los 52, qué hago? ¿A quién voy?".

A mediados de 2008, cuando el Gobierno y la Generalitat aún se resistían a hablar de crisis, los sindicatos pidieron a Gerardo Camps, consejero de Economía y Hacienda, que extendiera la Renta de Ciudadanía (una pequeña ayuda para personas en riesgo de exclusión social) a los parados que hubiesen agotado la prestación por desempleo. La respuesta fue (y sigue siendo) negativa. "Acceder a la Renta de Ciudadanía es muy difícil. Te la pueden denegar por ejemplo por ser el titular de un piso, aunque en la práctica ya sea del banco", explica Elvira Ródenas, secretaria de Empleo y Formación de UGT.

Ricardo Saiz acaba de quedarse sin ingresos, pero ya hace tiempo que su economía familiar se transformó en una economía de guerra. "Ya tenemos alquilada una habitación en el piso donde vivo con mi novia, y vamos a alquilar otra. No salimos mucho. No bebemos alcohol. Y cuando vamos al supermercado, compramos la marca Consum antes que la Nestlé porque no llevamos pelas".

El círculo vicioso de la crisis hace que la pérdida de empleo cause caídas del consumo que se traducen en nuevas pérdidas de empleo. Y aunque los problemas en el negocio de Concha Giménez venían de antes, fue el actual hundimiento de las ventas lo que acabó de hundir su tienda de decoración textil, cercana al Hospital General. Siendo autónoma, no tiene derecho a prestación. "¿Que qué hace una? Pues tirar de los ahorros, si los tienes. Y cuando se acaben recurriré a mi madre, que es pensionista y gana poquísimo, 500 y pico euros. Probablemente tendrá que darnos de comer a mi hija y a mí. O sea, que fíjate el panorama".

Concha Giménez dispone de su madre, que tiene una pensión. Y Ricardo Saiz de su novia, que conserva el empleo y un piso realquilable. No es mucho, pero es bastante más de lo que pueden decir María Natividad Quendi, de 42 años, y su marido, ambos en paro. Se compraron una casa en Quito que pagaban en cuotas de 200 dólares. "Y que ahí se ha quedado. No la pagamos desde hace cinco o seis meses".

Laura y Khader no se metieron en créditos. Cuando perdieron sus empleos, fueron a hablar con su arrendador. "Le dije: no puedo pagar el piso. Lo entendió. Hicimos otro contrato", cuenta Laura en un pequeño despacho de Cáritas. Pasaron de pagar 460 euros a pagar 300.

Khader perdió el trabajo en la obra a mediados de 2008 y desde hace más de un año solo ingresa los 426 euros del Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción, el subsidio creado por el Gobierno para los desempleados sin prestación cuya renovación está en el aire dentro del proceso de reducción del déficit público.

"Pagamos el piso con su subsidio y comemos con lo poco que gano yo limpiando en casas", dice Laura. "Hay que comprar comida, pagar los bonos de autobús, el comedor de la chiquilla, la ropa, el agua, la luz... No puedo", dice Khader.

Laura (nombre que adoptó en Valencia) habla castellano mejor que su marido. No usa velo, ni pañuelo y tampoco quiere que le hagan fotos. Sus prioridades dictan que lo fundamental son los hijos; y lo más importante, que estudien. Cada viernes, cuando cobra, lo primero que hace es ir a comprar el bono de autobús para su hija (18 años) y su hijo (11). Lo necesitan porque cuando se mudaron de la calle de Sagunto a la de Velázquez, los críos se negaron a cambiar de colegio.

La familia dejó hace tiempo de comer cuscús y sopas harira. Su alimentación se basa en arroz, pasta, espaguetis, leche, y algo de pollo. Se acabó también llamar a Orán cada semana: "Ahora lo hacemos cada 20 o 22 días, y a veces llaman ellos". Y pasaron a la historia las visitas al McDonalds y los ratos de Khader con los amigos en una cafetería. El ocio consiste ahora en bajarse al río con un termo y unos bocadillos y dar un paseo por el viejo cauce del Turia.

Laura y Khader viven pendientes de cada céntimo que entra y sale de casa. Pero a estas horas lo que les preocupa es el 9 de junio, el día que su hija hará el selectivo para estudiar Traducción e Interpretación. "Es importante que vaya a la Universidad", dice Laura. "Quiero que a mi hija le vaya bien, no como a mí, si es posible".

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