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Israel acusa de «violenta» a la ONG de la española expulsada de Palestina

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AGENCIAS | BARCELONA / TEL AVIV.

2010-02-16_ima1

 

El embajador de Israel en España, Raphael Schutz, calificó a la ONG propalestina International Solidary Movement (ISM), a la que pertenece la activista catalana Ariadna Jové, detenida el 7 de febrero por el ejército israelí en Cisjordania, como «violenta y antisistema».

En declaraciones a los medios de comunicación, Schutz ha descartado opinar sobre el caso particular de Jové antes de que se conozca la decisión del Tribunal Supremo de Israel. No obstante, Schutz sí se ha referido a la ONG a la que pertenece la activista propalestina, y ha señalado que se trata de una organización con antecedentes «bastante negativos».

«No es una organización pacífica, en el pasado ha demostrado que no respeta las leyes israelíes y ha incurrido en métodos violentos», ha asegurado el embajador de Israel en España.

La defensa de la activista catalana presentó el domingo un recurso contra la expulsión de Israel de su cliente, arrestada por soldados israelíes en Cisjordania hace una semana y posteriormente liberada bajo fianza.

La apelación, entregada en el Tribunal de Distrito de Tel Aviv, defiende que la Policía migratoria israelí no tiene legitimidad para operar fuera de su territorio y que el Ejército israelí no debería entrar en zona A (los núcleos urbanos palestinos, bajo control de la Autoridad Nacional Palestina en virtud de los Acuerdos de Oslo) por temas no vinculados a la seguridad.

Ariadna Jové fue arrestada junto con otra activista, la australiana Bridgette Chappel, en una redada a un domicilio en la ciudad cisjordana de Ramala efectuada por una decena de soldados israelíes.

Poco después ambas quedaron en libertad tras abonar una fianza de 3.000 shekels (590 euros) cada una y con la condición de permanecer en Israel hasta que concluya el proceso, como decretó el Supremo al paralizar su deportación, solicitada por el Ministerio israelí del Interior, lo que supuso un fuerte varapalo para el intento del Gobierno sionista de abortar los apoyos internacionales a los refugiados palestinos. El alto tribunal israelí vino a dar la razón a quienes estiman ilegal la irrupción del Ejército hebreo en Palestina.

La activista catalana, de 26 años, está acusada de no tener el visado israelí en regla, de no haber pedido permiso al Ejército israelí para entrar en Ramala y de «actividades ilegales» aún sin concretar, según su abogado, que añadió que las imputaciones de Tel Aviv no son más que una excusa para desembarazarse de las ONG testigos de los abusos de los soldados israelíes.

 

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