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El Gobierno quiere que el juicio al ex espía asturiano sea secreto

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La Abogacía del Estado defiende razones de seguridad nacional para que el tribunal impida el acceso de público a la vista de Roberto Flórez

Habrá taquígrafos, pero es previsible que falte luz. La expectación por la celebración del juicio al espía del CNI acusado de traición es inversa a las posibilidades de que sea a puerta abierta. El Gobierno esgrime «razones de seguridad nacional» para que no haya medios de comunicación y público en la vista oral, una petición que es probable que el tribunal acepte, según informaron fuentes judiciales.

Desde el próximo día 25 de enero hasta el 2 de febrero, el ex agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el asturiano Roberto Flórez García (Grado, 1965), se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid por vender información secreta al espionaje rusos desde el año 2001 hasta 2004, un delito por el que le pueden caer penas de entre seis y 12 años de prisión.

Será un juicio tan singular que lo primero que deberá resolver el tribunal es la solicitud de la Abogacía del Estado -personada en el proceso para defender al CNI- para que las sesiones sean a puerta cerrada. Para ello esgrime que en la causa constan documentos reservados «que afectan directamente a la seguridad del Estado y que, pese a su desclasificación durante la vista, ha de preservarse su integridad y evitar su difusión».

En el escrito de la abogada Lucía Pedreño se pide «expresamente» que se adopten las medidas necesarias para proteger los datos personales y la identidad de los dos espías propuestos como testigos en el juicio, «cuidando especialmente» que no sean vistos por el acusado, su ex compañero Flórez, en prisión desde agosto de 2007.

La Abogacía del Estado apela al artículo 680 de la ley de enjuiciamiento criminal para que el presidente del tribunal, el magistrado Alejandro María Benito López -conocido por el juicio del 'caso Palomino'-, decrete las sesiones secretas cuando «así lo exijan las razones de moralidad o de orden público, o el respeto debido a la persona ofendida por el delito o a su familia».

Lo habitual es que esta norma se aplique en las causas por agresión sexual a menores, tal y como ocurrió en el proceso contra el pederasta 'Nanysex'. Sin embargo, dada la excepcionalidad del caso Flórez -es el primero juicio civil por traición en la España democrática- el tribunal deberá hacer una interpretación amplia de la ley para que encaje en «razones de orden público», explican fuentes judiciales.

En todo caso, la decisión que tomen los magistrados antes de comenzar el juicio será firme y pese a que cabe recurso de la defensa éste no se sería revisado hasta que finalizara la vista.

El único precedente fue el juicio que tuvo lugar en 1997 contra el coronel Juan Alberto Perote, ex agente de los servicios de inteligencia -entonces conocido como Cesid- que sustrajo cientos de documentos secretos que acabaron destapando la existencia de una 'guerra sucia' contra la banda terrorista ETA a través de los GAL.

Aquella vista fue celebrada a puerta cerrada por el Tribunal Militar Central. Perote, que acabaría siendo condenado a siete años de cárcel por revelación de secreto, recurrió al Supremo por considerar que merecía un juicio público. Pero el alto tribunal convino «que la ley permite excepciones para evitar la revelación de secretos y garantizar la seguridad» de los espías.

Argumentos parecidos utiliza ahora la Abogacía del Estado en el proceso contra Roberto Flórez García: defender la seguridad nacional y preservar la identidad de los dos espías del CNI propuestos como testigos, los agentes número 6270 y 6782. Éste último actuará como perito-testigo, ya que fue el encargado de revisar los papeles reservados que encontraron al acusado.

Captación

Los otros testigos propuestos para el juicio son policías nacionales, agentes de la Guardia Civil y el ex director del CNI Alberto Saiz, bajo cuyo mandato ocurrieron los hechos. Saiz puso en marcha en la primavera de 2005 una investigación interna tras desbaratarse tres operaciones en Rusia gracias a los documentos que vendió el espía. Éstas iban destinadas a la captación de nuevos colaboradores locales. Dos años después, en 2007, el CNI descubrió que tenía un 'topo' en 'La Casa'.

Para esas fechas, Flórez ya no trabajaba en el espionaje español. Tras 13 años de servicio, decidió darse de baja en marzo de 2004 para montar una ONG. Pero tras su detención en julio de 2007, se incautaron documentos en su casa de Tenerife que probaban su traición. El agente asturiano guardaba en esta vivienda copias de los documentos que elaboró para Rusia con los nombres y los destinos de docenas de espías españoles que trabajaban en el territorio nacional y también en diferentes misiones en el extranjero. En una carta dirigida al espionaje ruso en 2001 llegó a ofrecer información a cambio de 200.000 dólares.

Las acusaciones piden 12 años para Flórez por «revelar información secreta para beneficiar a otras potencias». Pero si en el juicio no queda demostrada la traición, la Abogacía del Estado propone castigarlo por revelación de secreto a un máximo de cuatro. De ser así, saldría pronto de la cárcel, ya que lleva en prisión provisional dos años y medio.

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