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El Gobierno Foral oferta 82 plazas para trabajos en beneficio de la comunidad

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La delegada del Gobierno en Navarra, Elma Sáiz, ha firmado un convenio con el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Javier Caballero, por el que el Ejecutivo Foral oferta 82 plazas para la realización de trabajos en beneficio de la comunidad sustitutorios de las penas de prisión.

Estos trabajos, ha informado Sáiz en conferencia de prensa, pretenden que las personas que han cometido delitos castigados con penas de hasta dos años de prisión por primera vez no entren en prisión y se reinserten en la sociedad realizando trabajos en beneficio de la comunidad.

En Navarra, a 31 de octubre se habían abierto este año 3.330 expedientes para la realización de este tipo de trabajos, de los que aproximadamente 1.500 ya habían sido cumplidos o estaban en cumplimiento y el resto habían sido archivados o se encontraban en periodo de gestión, entre otras situaciones.

En total, en Navarra se ofertan más de 800 plazas para la prestación de estos trabajos en beneficio de la comunidad, entre el Gobierno de Navarra, las entidades locales, las ONG y otras organizaciones y colectivos sociales.

Las 82 plazas ofertadas por el Gobierno de Navarra, que podrían incrementarse si hay disponibilidad para ello, son para la realización de trabajos, no remunerados, en distintos centros y entidades como colegios e institutos públicos, parques de bomberos u hospitales.

Sáiz, quien ha subrayado que estos trabajos no suponen una competencia para las personas en desempleo debido a sus especiales características, ha asegurado que se trata de una manera de cumplir la pena "con una finalidad restitutiva, además de ser una forma ejemplarizante e integradora".

Se trata, ha dicho Sáiz, de una condena que "se cumple en libertad" y, por tanto, "evita romper con la vida laboral, familiar y social del penado y promueve valores tan necesarios en nuestra sociedad como la solidaridad, la responsabilidad y el bien común".

En 2009, ha explicado, el 95% de los penados eran hombres, un 69% españoles, y el 90% eran personas que habían incumplido la normativa en materia de seguridad vial.

Por su parte, Caballero ha resaltado que la Constitución y la propia ley general penitenciaria señalan que el "fin primordial" de las penas y de las medidas privativas de libertad "no es la 'venganza' de la sociedad sino la reeducación y la reinserción social de las personas".

En ese sentido, ha apuntado que "no se trata por tanto de imponer un castigo en nombre de la sociedad, como por desgracia todavía establecen algunos países que incluso llegan a mantener la pena de muerte, que es algo que debe ser absolutamente erradicado y que es absolutamente incomprensible desde un punto de vista racional en el siglo XXI".

Lo que se busca con el sistema penitenciario, con la privación de libertad, ha afirmado, "es la reeducación, la reinserción de las personas que son condenadas por los tribunales".

El objetivo, ha destacado, es que estas personas "puedan cumplir con la sociedad y conseguir su inserción de la forma menos traumática posible para ellos, para su entorno familiar y social, de manera que se evite el trauma de la entrada en prisión". EFE

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