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Trabajo, integración, formación y ayudas, los retos pendientes de la discapacidad en España

Escrito por diagramgen on . . Visitas: 544

20minutos

El de los discapacitados es un universo complejo, extremadamente variopinto. En él se engloban casi 4 millones de02-12-12mer personas con distintos tipos de discapacidades: visuales, auditivas, motoras, de aprendizaje, de interacción... Este lunes se celebra el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad. En vísperas de esa conmemoración por primera vez se realiza en España una marcha de discapacitados para defender sus derechos y denunciar que la crisis les golpea un poco más duro a ellos y complica su ya difícil integración —a partir de las 12 horas, desde la calle Goya de Madrid, esquina con Príncipe de Vergara.

Cuando se habla de discapacidad es importante recordar que si no nos afecta ya, porque nosotros mismos suframos una discapacidad o tengamos a un familiar cercano en esta situación, el envejecimiento nos da muchas papeletas para poder llegar a ser personas discapacitadas que requiramos ayuda o cuidados especializados.

Entre los discapacitados, los niños son un capítulo aparte, especialmente los menores de 6 años, a quienes la mayoría de los estudios ignoran por motivos prácticos: su evolución es un misterio, de ahí que hasta el estudio más completo realizado hasta la fecha sobre los discapacitados en España y que se conoce con el nombre de EDAD— Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia—los deje de lado, a la espera de que muchos de ellos superen sus deficiencias.

Hay discapacitados en uno de cada cinco hogares

Si a los 3,85 millones de discapacitados —el 8,5% de la población— que recoge la encuesta de EDAD, realizada en 2008, sumamos las incorporaciones que se hayan producido en los últimos cuatro años, fácilmente alcanzamos los 4 millones de discapacitados de los que habla la principal plataforma que engloba a todas las asociaciones de discapacitados: CERMI, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.

De estas personas discapacitadas, el 67,2% presentan limitaciones para moverse o trasladar objetos, el 55,3% no pueden realizar adecuadamente sus tareas domésticas y el 48,4% necesitan ayuda para cuidarse y asearse. La causa más frecuente de discapacidad es la osteoarticular, es decir, la relacionada con enfermedades y problemas en los huesos y las articulaciones, seguida por las deficiencias del oído, las visuales y las mentales.
Hay que destacar que en la franja de edad de 6 a 44 años, la deficiencia preponderante es la mental, que afecta a un tercio de las personas con discapacidad.

Por sexos, el 59,8% de los discapacitados son mujeres, aunque hasta los 44 años la tasa de discapacidad es mayor entre los hombres. A partir de esa edad se invierte la proporción y se incrementan las diferencias en el porcentaje de discapacitados masculinos y femeninos.

Si se echa una ojeada al mapa de España, sobresale que la mayor tasa de discapacidad se da en Galicia —112,9 por mil habitantes—, seguida de Extremadura (109,9). La región con menor tasa de discapacitados es La Rioja —61,6 por mil—. Además, en uno de cada cinco hogares vive una persona con discapacidad y en más de 600.000 casos el discapacitado vive solo.

Golpeados por la crisis

La crisis y los recortes en ayudas ha complicado la situación de este colectivo ya de por sí especialmente vulnerable y ha incrementado el número de personas que tienen problemas para encontrar trabajo, para pagar las residencias donde reciben atención especializada o para proseguir sus estudios universitarios al dejar de contar con asistencia. También ha dejado sin ayuda para renovar los audífonos a los discapacitados auditivos, ha cerrado muchos centros asistenciales y ha colocado a muchas personas en la tesitura de elegir entre tomar una comida decente o pagarse las medicinas.

El Gobierno acordó este viernes elevar en 117 millones de euros, hasta 1.405 millones, el nivel mínimo de financiación de la ley de Dependencia para cubrir así el incremento de 21.252 de beneficiarios que se han incorporado este año al sistema. El Ejecutivo anunció hace unos meses que llevaría a cabo el año que viene un recorte de 200 millones de euros en esta partida. Finalmente, la reducción será de 83 millones de euros. Además, ha reducido un 15% las ayudas para dependientes. Las CC AA pueden reducir estas prestaciones hasta el 85% si lo consideran oportuno. Además, deja fuera de la Seguridad Social a las cuidadoras no profesionales y los dependientes que quieran optar a una prestación tendrán que pagar para ser evaluados —por el momento solo ha anunciado que cobrará esta tasa Castilla-La Mancha—.

La subida del porcentaje a pagar de los medicamento —ahora solo depende de la renta—, el copago farmacéutico, el euro por receta —en Cataluña y próximamente en Madrid— y la modificación del catálogo ortoprotésico —que podría dejar fuera de las subvenciones algunos productos— son otros ajustes que les pasarán factura.

Aún así, en principio, los derechos de los discapacitados están reconocidos y se supone que garantizados por, entre otras, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas de 2006, que España ratificó en 2007 y que obliga a la adopción de medidas encaminadas a promover los derechos de las personas con discapacidad y luchar contra la discriminación, y por la LIONDAU —Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal, 2003—, que sanciona a las personas y organismos que discriminen a los discapacitados.

Integración laboral

Una de las reivindicaciones más importantes de los discapacitados es su plena integración en el mercado laboral. De hecho, solo el 27,7% de los discapacitados tienen empleo, según el informe El empleo de las personas con discapacidad en España, que el INE elabora con datos de 2010.

Así luchan por formar parte del sistema ordinario de trabajo. Si la deficiencia que se sufren es más severa e incapacitante tienen la opción de integrarse en el sistema laboral mediante el trabajo protegido.

En cuanto a lo que se conoce como empleo ordinario, por ley, existe una cuota de reserva de puestos de trabajo, acompañado de incentivos económicos a la contratación, para que las empresas de 50 o más trabajadores reserven un 2% de sus puestos para las personas con discapacidad. Para las Administraciones públicas ese porcentaje es del 5%. Sin embargo, la fórmula del empleo protegido está encaminada a lograr que la persona discapacitada pueda desarrollar una actividad laboral, aunque no esté en el mercado ordinario. Así, por ejemplo, existen los 'Centros Especiales de Trabajo' y los 'enclaves laborales', que consisten en que un determinado grupo de personas de un Centro Especial de Trabajo se traslada temporalmente a una empresa para realizar un determinado trabajo. El objetivo último de estos enclaves es ayudar a la transición de un empleo protegido a uno ordinario.
Los últimos datos del Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) reflejan que durante el tercer trimestre de 2012 se realizaron 46.175 contratos a personas con discapacidad, un 2,9% menos de los firmados en el mismo periodo de 2011. Como dato optimista, el pasado septiembre fue el mejor de los últimos cinco años en cuanto a firmas de contratos: 5.305, lo que supone una recuperación intermensual de un 19,1%.

En total, el número de contratos firmados por personas con discapacidad durante los nueve primeros meses de 2012 asciende a 102.217, un 3,1% menos que en el mismo periodo de 2011, cuando se firmaron 105.550 contratos.

Las discapacidades relacionadas con las deficiencias auditivas y visuales son las que tienen una mayor tasa de actividad —56,9 y 45,3, respectivamente—. Por el contrario, solo el 19,9% de las personas con deficiencias mentales y el 26,9% de los que sufren deficiencias intelectuales logran trabajar, según el OED.

La tecnología ha facilitado la integración laboral de las personas discapacitadas. Así el informe Discapacidad y Tecnología elaborado por la Fundación Adecco recoge que el 48,3% de los discapacitados que trabajan lo hacen gracias a las tecnologías adaptadas, la más habituales de ellas: la pantalla de gran formato, la lupa aumentativa y los teclados de gran tamaño.

Educar para integrar

El arma más poderosa que tienen los discapacitados para lograr su integración es la educación, tanto de las personas no discapacitadas— para aceptar en términos de igualdad a la persona con una discapacidad y evitar una todavía sangrante discriminación— como de las discapacitadas.

En lo relativo a la educación de los niños, existen dos opciones para lograr su escolarización, dependiendo de la deficiencia que presente el pequeño. Así existen los centros especiales, que acogen a alumnos con necesidades educativas especiales —niños y niñas con síndrome de Down, autismo, dislexia, sordomudez...—, y los colegios ordinarios que cuentan bien con aulas específicas de integración para ayudar a niños con deficiencias o bien con logopedas y pedagogos especializados.
Los colegios especiales privados o concertados pueden ofertar una educación específica para un trastorno concreto, mientras que los centros de educación especial dependientes del Ministerio de Educación mezclan niños con distintas necesidades.

El tijeretazo en el presupuesto de Educación —un 31% menos en dos años, pasando de 2.843 millones de euros en 2011 a 2.320 en 2012 y 1.994 en 2013— ha afectado especialmente a la partida destinada a la educación especial. El resultado de los recortes se traduce en menos profesores y logopedas de apoyo y en aulas saturadas donde es muy difícil proporcionar una enseñanza especializada, como denunciaron a 20minutos.es desde la Federación de Austimo de Madrid.

Según la encuesta de EDAD, un 97,2% de los niños discapacitados de entre 6 y 15 años estaban escolarizados en 2008, la mayoría de ellos en un centro ordinario, recibiendo la ayuda de profesores especializados (el 45,9%) y el 19,1% estaba en un centro de educación especial. El 32,2% estaba en un centro ordinario sin ningún tipo de apoyo específico.

Una de la asignaturas pendientes es la alta tasa de abandono escolar, casi del 50% entre los 18 y 24 años, debido, entre otros factores, por las dificultades de aprendizaje y faltas de apoyo. Solo un 5,4% de los discapacitados de más de 25 años han logrado acabar sus estudios universitarios, frente al 18,7% que se alcanza entre los no discapacitados, según los últimos datos recogidos por el OED.

El problema de la accesibilidad

A pesar de que los distintos ayuntamientos de España han ido adaptando sus normativas para promover la eliminación de las barreras arquitectónicas y agilizar la movilidad de las personas discapacitadas, basta salir de paseo por cualquier ciudad para darse cuenta de que todavía hay mucho trabajo que hacer: aceras y bordillos insalvables; pasos de peatones solo aptos para velocistas; accesos dificultosos a metros y autobuses y señalizaciones e indicaciones poco claras y confusas.

Pero al margen de los problemas y retos que las ciudades ofrecen a los discapacitados, existes barreras más difíciles de derribar y son las que muchas veces existen en las viviendas de los propios discapacitados. El caso de Sheila, la niña valenciana de 8 años con espina bífida, que tiene que bajar todos los días cinco pisos a la espalda de su madre porque su vivienda no tiene ascensor y los vecinos se niegan a financiar uno, ilustra cómo muchas veces los discapacitados quedan recluidos en sus casas.

Para asesorar a los discapacitados y a sus familias sobre cómo proceder en estos casos, el CERMI ha editado una guía informativa sobre las obras y actuaciones de accesibilidad en las comunidades de propietarios. La guía explica por ejemplo, que los gastos de las obras deberán repartirse entre todos los vecinos, salvo las unidades familiares que tengan ingresos anuales inferiores a 2,5 veces el IPREM y que estas deben ser aprobada por la mayoría de los propietarios. Asimismo recoge las distintas normativas que regulan el cumplimiento de ese derecho, como la Ley de Adaptación Normativa a la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley de Límites al Dominio sobre Inmuebles para Eliminar Barreras Arquitectónicas a las Personas con Discapacidad.

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