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El Día de la Discapacidad, con más barreras que nunca

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elmundo

04-12-2011bisCarmen, Inma y Marina, tres chicas catalanas con síndrome down, decidieron independizarse a principios de noviembre gracias al Proyecto de Vivienda Compartida de la Fundación Down Lleida. Este programa consiste en compartir piso con estudiantes sin discapacidad, de manera que todos los que conviven están en un continuo proceso de aprendizaje mutuo.

Esta autonomía de las tres chicas con discapacidad es posible gracias a varios factores: el primero, haber recibido la formación y capacitación personal necesaria como para que se sientan autónomas. El segundo, la integración en el mercado laboral con jornadas de tres o cuatro horas, adaptadas a sus condiciones, gracias a la que pueden obtener ingresos por sí solas. Aunque en la mayoría de los casos, debido a la reducción de esta jornada y a los puestos de trabajo a los que acceden, no suelen cobrar más de 300 o 400 euros al mes.

Un sueldo que no suponía un problema para la independencia económica gracias altercer factor, la subvención que da la Generalitat de Cataluña, 'Suport a l'autonomia a la Propia Llar' (Apoyo a la autonomía en la propio hogar) consistente en unos 600 euros. Después de hacer todos los trámites requeridos (empadronarse en el piso, certificado de convivencia o una evaluación), recibieron una notificación en la que se aclaraba que, por los recortes realizados desde el Gobierno catalán, no se le iba a conceder a ninguna persona que lo ha solicitado de nuevo.

Las deudas asfixian a las ONG, que han tenido que recortar servicios y recursos para poder subsistir

Aunque esta no es una situación aislada. El Govern lleva meses anunciando y aplicando una estricta política de recortes. En septiembre, por ejemplo, suspendieron dos meses el pago a residencias de ancianos y discapacitados, aunque prometireron devolverlo a finales de año. Una deuda que, en el caso de los discapacitados, ascendía a 5,7 millones de euros en junio.

Pero tampoco es una situación que se circunscriba únicamente a Cataluña. En el resto de España también estamos asistiendo a una política de recortes en este ámbito, justificada por la crisis, que ya ha provocado multitud de protestas, algunas desde las propias ONG y otras por parte de los ciudadanos. Y es que, a pesar del notable descenso de financiación por parte de empresas públicas y privadas, es la de los ciudadanos la que, a pesar de las preocupantes condiciones económicas, la única que se mantiene estable.

En octubre, coincidiendo con la Semana de la Lucha de la Pobreza, se produjeron movilizaciones en 50 ciudades de España. Con ellas quisieron exigirle al Gobierno central y los autonómicos que, el lugar de recortar las ayudas a un sector paupérrimo de la sociedad, atajaran las causas por las que, actualmente, hay 1.400 millones de personas que sufren pobreza extrema, de los que casi mil millones de ellos pasan hambre a diario.

En noviembre le tocó el turno a la Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente (UNAD), para denunciar que, como consecuencia de la crisis, casi 35.000 drogodependientes se quedarán sin atención. El Gobierno y las Comunidades Autónomas le deben más de 10 millones de euros a este sector, que corre riesgo desaparecer si no la saldan pronto.

Hoy, en el Día Internacional de la Discapacidad, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (CERMI), premiado precisamente ayer por el Gobierno con la Placa de Honor de la Orden del Mérito Constitucional por su el papel "fundamental" en la defensa de la dignidad, los derechos y la igualdad de oportunidades de los cerca de cuatro millones de ciudadanos discapacitados, ha querido publicar un manifiesto para denunciar la precaria situación en la que la ausencia de fondos les dejaría. Bajo el lema 'No a los recortes. Por los derechos sociales y la continuidad y estabilidad del sector de la discapacidad', pretende aunar las protestas de todas aquellas organizaciones, asociaciones o fundaciones vinculadas a este ámbito.

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMF), ha sido una de las primeras instituciones en adherirse. Como dijo su presidente, Mario Garcia, en declaraciones a Europa Press, "no se puede retroceder en las conquistas sociales y de derechos obtenidas".

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