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Un tercio de los dependientes, sin prestación

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16-04-2011Un tercio de los dependientes sigue a la espera de una prestación. Esta es una de las principales conclusiones que se desprenden del estudio estadístico realizado por el Ministerio de Sanidad y Política Social para evaluar la aplicación de la ley de dependencia en sus cuatro primeros años. Los datos, que fueron presentados ayer por la secretaria general de Política Social, Isabel Martínez, y la directora del Imserso, Purificación Causapié, reflejan que de las 1.071.000 personas que han sido reconocidas como dependientes hasta el 1 de abril de 2011, 720.770 ya reciben la prestación correspondiente, lo que significa que 350.230 se encuentran aún a la espera, alrededor de un tercio del total.

Martínez señaló que si bien en el último año se han acelerado los plazos para la valoración y atención de este colectivo, no en todas las comunidades autónomas existe la misma diligencia. Canarias (0,43%), la Comunidad Valenciana (0,72%) y Madrid (0,77%) siguen a la cola en la aplicación de la ley. El Ministerio llega a esta conclusión en su informe al relacionar el número de beneficiarios que existen en esas comunidades autónomas con el total de su población.

El coordinador de la Dependencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, salió ayer al paso de este dato al asegurar que «no es lógico medir la gestión de la atención a la dependencia de las comunidades autónomas poniendo en relación el número de solicitudes o de personas atendidas con el número total de habitantes de una comunidad. Es como si acusáramos a una comunidad autónoma de gestionar mal la educación por tener pocos niños escolarizados en razón a la población total».

Polémicas aparte, el informe revela que el perfil del dependiente responde a una mujer mayor de 80 años, residente en una localidad de más de 50.000 habitantes, valorada en situación de gran dependencia (grado III), perceptora de pensión de viudedad de la Seguridad Social y con una vivienda en propiedad. Las prestaciones concedidas fueron en un 54,89% económicas (para asistencia personal, y cuidados familiares), mientras que el resto (45,11%) fueron para servicios (teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y residencias). El Estado aportó hasta finales de 2010 un total de 5,4 millones de euros, lo que supera, según Martínez, en más de un 60% lo previsto en la memoria económica de la ley.

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