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La justicia reconoce atrasos dispares a los dependientes

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elpais

05-03-2011bisLas sentencias de los tribunales por causas relativas a la Ley de Dependencia van cayendo como un goteo, hoy Valencia, mañana Cataluña. Otras están atascadas en los juzgados, a la espera de una firma, una decisión. Generalmente se refieren a pagos atrasados de ayudas económicas concedidas. Pero las diferencias entre comunidades autónomas sobre la forma y el tiempo para hacer efectivos los pagos atrasados tampoco encuentran una respuesta única en los tribunales. Así que, diferencias sobre diferencias, los derechos de los ciudadanos dependientes se vuelven distintos de un territorio a otro.

En Barcelona habló el Supremo hace unas semanas, pero no para unificar doctrina. Simplemente dio la razón al tribunal superior de la comunidad, que ya había condenado a la Generalitat a pagar los atrasos a una familia desde el 1 de enero de 2007, fecha de entrada en vigor de la ley.

En Valencia los jueces están reconociendo a los dependientes los derechos que les niega la Generalitat. Al menos una decena de personas han recibido ya el respaldo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la comunidad. Pero en este caso, no desde enero de 2007 sino desde la fecha en que el usuario solicitó sus ayudas, que es más de lo que está dispuesto a conceder el Gobierno regional. La comunidad dice que el derecho a cobrar es efectivo desde el momento en que se determina la ayuda. Los tribunales le han quitado la razón. Esta diferencia no es un detalle sin importancia. Entre uno y otro momento pueden transcurrir 18 meses, como le sucedió a Pau Agulló, un niño de 11 años de Cocentaina (Alicante) que sufre parálisis cerebral por problemas derivados del parto.

El caso de Pau es el último en el que el TSJ valenciano ha sacado los colores a la Generalitat. "Para pagarnos, la Generalitat nos requirió que demostráramos que el niño estaba recibiendo atención del entorno familiar desde que se presentó la solicitud; nos indignó tanto que acudimos a los tribunales", dicen los padres. Y como sucedió con otras dos sentencias anteriores, que ha ganado la abogada valenciana Asunción Badia, se ha conseguido que se acople la solicitud de la ayuda con el alta en la seguridad social para el cuidador familiar.

La Ley de Dependencia, en su disposición final primera, dejaba claro para todos que se cobraría siguiendo el calendario previsto para cada grado de dependencia, o bien desde la solicitud. A mediados del año pasado, en su decreto anticrisis, el presidente Zapatero concedió un respiro a las comunidades de seis meses, a partir de los cuales, si no habían finalizado los trámites, se harían cargo de los atrasos que se generaran.

Pero ni una cosa ni la otra han modificado mucho la situación, porque las comunidades tienen sus propias órdenes y en algunas ni siquiera se pagan los atrasos, en otras se hace desde la solicitud, en otras desde la concesión de la ayuda, en otras el comportamiento es errático. En fin, un puzle, si no de 17 colores, al menos de unos cuantos.

Las asociaciones de dependientes en la Comunidad Valenciana calculan que debe haber miles de personas a las que la Generalitat no ha pagado las ayudas desde el primer día frente a la decena de sentencias que ha emitido el TSJ. ¿Por qué tan poca gente ha reclamado el derecho que le corresponde?

Los asuntos de la dependencia se resuelven en la jurisdicción contencioso-administrativa, en lugar de los tribunales de lo social. Esos procesos son lentos y caros. En muchos casos se prolongan más allá de los cinco años, mucho más tiempo que el que les queda de vida a algunos ancianos dependientes. En septiembre del año pasado se vio luz en este asunto. La Reforma de la Ley de Procedimiento Laboral incluía el cambio de jurisdicción, de lo contencioso a lo social. Las organizaciones que trabajan con los dependientes aplaudieron la medida. Pero de eso nunca más se supo. Cuando el texto llegó al Consejo Económico y Social, el cambio había desaparecido. Y ahora, las organizaciones implicadas vuelven a demandarlo.

En Madrid también hay reclamaciones, muchas, pero los tribunales "deben estar más atascados que en Valencia, porque no hay manera", lamenta el abogado José Ausín, que representa a varios afectados de una plataforma montada en Alcorcón. "Tengo un primer juicio para noviembre de este año que inicié en la primavera del año pasado. Y otros, los que tienen fecha fijada, para 2015".

"Conocemos la desesperanza de la gente que espera que sus derechos se cumplan, aunque tengan que ir a tribunales para ello", dice el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez. A pesar de ello, dice, "comprendemos que esta ley es compleja y ha necesitado tiempo para ponerse en marcha. No nos preocupan tanto los pagos de los atrasos como que la ley siga su curso y se vayan tramitando las ayudas en un tiempo razonable. Hay que tener en cuenta que estamos en tiempos de crisis y que los pagos atrasados sobrecargan más la maquinaria. Es más importante que haya voluntad política para cumplirla", añade.

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