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¿Qué ocurre con la Ley de Dependencia en Madrid?

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P., de 59 años, está destrozada. Ya no sabe lo que hacer. A quién acudir. Solicitó en junio de 2007 la ayuda de dependencia vinculada a servicio para su padre, de 89, años, que falleció en la espera. En su casa, en un municipio cercano a Madrid, nunca sobró el dinero. Ella no trabaja y su marido ha estado en paro hasta hace poco. En casa, dos personas gran dependientes. Su padre y su hija, con parálisis cerebral y a la que por suerte no tardaron en dar una plaza un centro de día.

El gasto que supuso la residencia para su padre mató la economía familiar. Ahora quiere lo que le correspondía a su padre, y a ella, para salir del apuro. "Es una vergüenza, les diría de todo a los de la Comunidad, pero también a los del Gobierno central; hasta ellos mismos dicen que están haciéndolo mal", asegura P., que prefiere no dar el nombre de sus familiares porque teme que ralentice aun más la ayuda de unos 300 euros mensuales retroactivos que le corresponden. "Han hecho la ley, pero no pueden cumplirla", asegura.

Como P., esperando la ayuda que contempla la Ley, hay miles de personas en la Comunidad de Madrid. Según el estudio de diciembre del Imserso [PDF], Madrid sigue en el furgón de cola de la ayuda de la Dependencia pese a mejorar ostensiblemente en el último mes. Ha pasado de 40.134 prestaciones otorgadas a 45.910. Los solicitantes, 115.623.

El número de personas beneficiarias de la prestación ponderado según la población supone el 0,72 (en noviembre se obtuvo el 0,63) en esta comunidad. La media española es 1,40. De acuerdo a estos datos, Madrid es la segunda peor en aplicación de la ley de dependencia empatada con la Comunidad Valenciana y sólo en una situación mejor que Canarias.

Para la Comunidad de Madrid estos datos son engañosos ya que "hacen referencia al nivel de población total" de la región, "no a la población total dependiente", explica Miguel Ángel García, director del Área de Asuntos Sociales. "No estamos de acuerdo con esos datos; somos la tercera comunidad en número de solictudes, en número de dictámenes y en número de personas atendidas", incide García, que asegura que la media para que una persona sea valorada por los equipos de la Comunidad es de "tres meses".

Comunidad: 'El 80% ya cobra su prestación'

"Con los datos en la mano la Comunidad tiene valorados el 94% de solicitudes y el 80% ya cobrar su prestación o el servicio de asistencia a domicilio", señala García. La Comunidad se basa en que sólo 68.000 de los 115.623 solicitantes de la Comunidad tienen derecho por ahora a prestación, algo corroborable ya que hasta enero los grados I de dependencia no cobran prestación todavía -lo harán desde enero-.

En total en Madrid hay 20.000 personas en niveles 1 y 2 en ese grado (el menor en dependencia). Casi otras 20.000 han visto rechazada su solicitud, lo que aumentaría el porcentaje de aplicación de la Ley hasta el 70% -el otro 10% hasta el 80%, según la Comunidad, es de personas a las que se les va a otorgar pero les falta presentar algún papel-. "Ni en el sistema educativo ni en el sanitario hay estos baremos; nosotros no estamos a la cola de la dependencia", incide el director general, que pide otro tipo de estudio más justo.

García añade que la Comunidad de Madrid ofrece 50.000 plazas -20.000 para discapacidad- de centro de día y residencias y el 40% son gratuitas. "Madrid es la que más plazas tiene de asistencia por habitante, con una atención de alta especialización y calidad", asegura. "Tenemos motivos para sentirnos orgullosos porque estamos comprometidos con la ley", afirma el directror general, que añade que el Gobierno sólo esta pagando el 20% de la prestación cuando debería abonar el 50%.

Por ejemplo, aseguran desde Asuntos Sociales, en una residencia que cuesta 1.760 euros al mes, el Estado sólo aporta 181 euros, el usuario 425 euros y el resto (1.154 euros) la Comunidad.

Sobre los retrasos que sufren muchas familias, que llegan a esperar hasta tres años en conseguir las ayudas, asegura que "cuando se trabaja en tal volumen de solicitudes" es complicado "ser perfectos" cuando la ley nueva se puso en marcha hace tres años. "Hay cosas que mejorar, no hay que negar que en algunos ámbitos nos ha costado, ha habido que remodelar el sistema con una nueva financiación, pero hay que poner en valor lo que se hace y las personas atendidas", concluye.

PSOE: 'Estamos en la cola más absoluta'

Para la oposición, en el último mes se ha mejorado, "pero estamos en la cola más absoluta" asegura Carmen Sánchez Carazo, concejal del Ayuntamiento de Madrid y portavoz en temas sociales del PSM. "Se ha mejorado porque todas las comunidades mejoran pero hay varios problemas".

El primero, según Sánchez Carazo, es que "las personas no tienen información clara de cómo va su expediente". "Eso produce desorientación y ansiedad", asegura la concejala, que añade que otra de las trabas es que las evaluaciones "se hacen muy tarde". La portavoz del PSM también asegura que los ayuntamientos de la región están haciendo un sobresfuerzo porque no traspasa el dinero pactado que le transifere a su vez el Gobierno.

"Se está dando ocho euros al día por persona para ayuda a domicilio cuando los precios oscilan entre los 14 y 22 euros", insiste Carazo, que critica además que el último convenio entre la Comunidad de la Federación de Municipios no ha solucionado el problema. "Es algo muy triste porque las familias necesitan esa ayuda de verdad, se les crea un trastorno muy grande".

Por su parte, UGT denunciado que más de 24.000 personas con dependencia severa no reciben ninguna ayuda en la Comunidad de Madrid, un 39% del total de personas beneficiarias, un incremento de 1.600 personas desde el mes de enero. Ana Sánchez de la Coba, representante de UGT, asegura que el Gobierno regional ha retenido 1.000 plazas en residencias públicas porque "esta esperando el inicio de la campaña electoral de las autonómicas".

"Desde UGT denunciamos la falta de voluntad política del Gobierno regional, el engaño de la Comunidad a los ciudadanos y la privación de unos derechos fundamentales", dice Sánchez.

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