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Urbanismo busca fórmulas para autorizar ascensores en las calles

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Las administraciones subvencionan a las comunidades de vecinos que necesiten instalar un ascensor por razones de accesibilidad. Pero, ¿y si no hay dónde instalarlo? No es una cuestión menor. La legislación favorece, sólo hace falta un acuerdo por mayoría, la colocación de elevadores que faciliten la movilidad de personas con discapacidad o residentes mayores de 70 años, pero en muchos edificios no hay espacio en el que colocar un ascensor. «Hay bastantes casos», asume el concejal de Urbanismo, Alberto Mortera, al que ayer el Consejo Sectorial de Accesibilidad le instó a buscar una solución para estos edificios. El Ayuntamiento la presentará en febrero, lo difícil es saber cuál será.

El problema tiene difícil solución. Si no hay espacio para instalar un elevador, la solución que parece más a mano es ocupar parte de la acera. Algunas comunidades ya lo han solicitado al Ayuntamiento. Pero no es tan sencillo. Las aceras, como las calles, son «bienes de dominio públicos», recuerda el concejal, «no son del Ayuntamiento, son de todos». Y los bienes de dominio público no se pueden ni vender, ni ceder, ni transmitir.

Los técnicos de la casa no lo ven claro. Tampoco en otros municipios se tiene una fórmula magistral. «Algunos hacen autorizaciones en precario, pero parece un poco chapucero», apunta Mortera. Tampoco le parece razonable, por «antieconómico», cobrar, como se hace con las terrazas de hostelería, por la ocupación de la vía pública. Lo dicho, la solución es difícil, pero la habrá, garantiza el concejal.

Mortera destaca que «hay casos sangrantes, edificios de cinco alturas sin ascensor y sin posibilidad de instalarlo, personas mayores que son prisioneros en su propia casa y que dependen de sus familiares para poder salir a la calle».

Hasta ahora el Ayuntamiento acudía a la fórmula 'chapucera'. Hacía una cesión en precario a la comunidad de propietarios del trozo de acera necesario para instalar el elevador. La fórmula, como reconoce el concejal, tiene sus inconvenientes. Hay que someterla a información pública, lo que alarga los plazos y abre la puerta a recursos en contra. Con este método, «si alguien recurriese a los tribunales, perderíamos seguro», señala un funcionario.

El Ayuntamiento, sin embargo, esta decidido a encontrar una solución que sirva para toda la ciudad, «siempre que sea físicamente posible y no haya objeciones insalvables». Tal vez, con una modificación del PGOU.

No es el único avance en accesibilidad en el que está embarcado el departamento de Alberto Mortera. La sección de Licencias ha introducido este año un nuevo condicionante para autorizar los proyectos de construcción de nuevos edificios residenciales. La norma obligará a que todos los bajos comerciales queden al nivel de la calle para facilitar el acceso a personas con problemas de movilidad.

«Es mucho más sencillo que lo de los ascensores», reconoce el edil, «depende sólo de nosotros».

 

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