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Unanimidad en la aprobación de la Ley de Servicios Sociales

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El Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha aprobó ayer por unanimidad de los grupos parlamentarios del PSOE y PP la Ley de Servicios Sociales, que viene a garantizar el derecho universal a la protección social y a ordenar y estructurar el Sistema Público de Servicios Sociales.

El debate de este punto del orden del día, anterior al polémico de las retribuciones de sueldos de los senadores por Castilla-La Mancha, puso de manifiesto el interés de ambos grupos por consensuar esta ley, por su importancia para el bienestar de los castellano-manchegos. Incluso el presidente regional, José María Barreda, intervino para proponer a los grupos parlamentarios, antes de la votación, que llegaran al mayor acuerdo posible en algunas de las enmiendas propuestas por el Partido Popular y que habían sido rechazadas por el PSOE. Por este motivo se retrasó unos minutos el Pleno y en su reanudación se llegó a la aprobación por unanimidad.

En su intervención, el consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata, aseguró que esta nueva ley, que viene a sustituir a la vigente desde el año 1986, consolida como derecho ciudadano un catálogo de 23 prestaciones sociales, es decir, que dejan de ser graciables por la Administración.

Ayuda a domicilio

Prestaciones como la teleasistencia domiciliaria a todas las personas mayores de 70 años que vivan solas o tengan reconocida la situación de dependencia; la ayuda a domicilio a personas dependientes; el alojamiento temporal para las situaciones de urgencia social; la atención temprana hasta los 6 años de edad; la atención a menores en situaciones de desprotección, riesgo o desamparo, o la renta básica para personas en situación de exclusión social son algunas de las prestaciones que quedarán garantizadas como derecho ciudadano.

También se garantizan otras prestaciones técnicas como la valoración de la situación de dependencia o de discapacidad; la atención residencial o en estancias diurnas o nocturnas a personas en situación de dependencia y prescripción en el plan individualizado de atención (PIA); la adquisición de ayudas técnicas a personas dependientes con prescripción en el PIA; el acogimiento familiar a menores en situación de desamparo; la información, valoración o seguimiento en adopción nacional e internacional; y el reconocimiento de la condición de familia numerosa.

Lamata destacó que era un día importante ya que con esta ley se apuntala la protección social como un derecho de ciudadanía bajo los criterios de universalidad, equidad e igualdad en su acceso.

Viabilidad económica

Para defender las enmiendas a la Ley de Servicios Sociales presentadas por el Partido Popular, la diputada María Crespo subió a la tribuna y aseguró que se trata de una ley «mejorable», sobre todo teniendo en cuenta que su grupo había presentado 80 enmiendas al proyecto de Ley —la normativa tiene 92 artículos— y sus dudas se centraban, principalmente, en la sostenibilidad y viabilidad económica de las propuestas, sobre todo teniendo en cuenta la morosidad del Gobierno regional con ayuntamientos, residencias o comedores a la hora de ofrecer los servicios sociales que demandan los ciudadanos.

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