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Barreras franqueables

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Un 7,4 por ciento de la población gallega sufre algún tipo de discapacidad, es decir, cerca de 207.000 personas. Estas cifras sitúan a la Comunidad a la cabeza del Estado en lo que a índices de discapacidad por número de habitantes se refiere, por delante del resto de autonomías. Una pirámide de población envejecida y las bajas tasas de natalidad son los principales detonantes de una situación que ha llevado al Gobierno gallego a tomar cartas en el asunto para garantizar la calidad de vida de las personas que forman parte de este colectivo, y también de sus familias.

Por ello y durante el ejercicio 2010, la consellería de Benestar ha dado los primeros pasos para diseñar el Plan Integral para Personas con Discapacidad 2010-2013, que se aprobará antes de que finalice el año. Para desarrollarlo se ha tenido muy en cuenta la opinión de los agentes involucrados, que engloba las principales asociaciones de la comunidad así como a representantes del Cermi (Comité de personas con discapacidad de Galicia) que formaron parte de las mesas de diálogo desarrolladas a lo largo del año.

La igualdad de oportunidades, el respeto por la diversidad y la transversalidad de las políticas son algunos de los pilares en los que se basará el nuevo texto que tiene como objetivo potenciar la autonomía personal de los afectados, primando su participación en la vida social. De este modo, las actuaciones previstas tocarán ámbitos como el educativo, el sanitario, el laboral e incluso el deportivo dando respuesta, al mismo tiempos, a las necesidades físicas y psicológicas de este colectivo.

En Galicia, el tramo de edad que va de los 50 años en adelante es el que abarca a un mayor número de discapacitados, en concreto, alrededor del 72 por ciento. Las últimas estadísticas, además, apuntan que La Coruña y Pontevedra son las provincias que concentran un mayor número de afectados, por lo que la red de recursos activada por la Administración gallega incidirá especialmente en este sector poblacional.

Salvando escollos

Para lograr que las nuevas medidas tengan un carácter integrador no sólo administrativamente sino a pie de calle, se hace preciso abordar la problemática del empleo con políticas que potencien la inserción laboral de las personas aquejadas de algún tipo de discapacidad. En esta línea de actuación se enmarcan iniciativas como la de la Función Pública, que buscan mejorar los procesos selectivos en la administración pública para facilitar la incorporación de este colectivo a puestos en los que se puedan desarrollar profesionalmente.

Con esta idea en la mente, desde la Consellería de Benestar han puesto sobre la mesa un plan basado en la elaboración de un catálogo de puestos de trabajo, en los que se especifique la tipología de la discapacidad apta para desempeñar esas labores. Asimismo, un decreto específico regulará el acceso, la promoción interna y la provisión de estos puestos de trabajo.

A día de hoy, los estudios desvelan que los contratos a discapacitados se han incrementando en un 183 por ciento desde enero de 2010, en comparación con período correspondiente a 2009. Con este salto adelante, la Comunidad gallega ha superado la media del conjunto estatal, donde el aumento en el tercer trimestre del año ha sido del 19,4 por ciento. Del total de contratos formalizados en los primeros nueves meses del 2010, un 25,9 por ciento fueron indefinidos mientras que el resto tuvieron una duración determinada, es decir, de tipo temporal, de sustitución o de formación.

Los centros especiales de empleo se han descubierto como la principal vía de acceso al mercado laboral para las personas con discapacidad. Esto se debe a que los centros especiales de empleo ofrecen, en palabras de los especialistas, servicios de calidad a precios competitivos a lo que hay que añadir que contribuyen a cumplir los preceptos legales. La principal norma en este sentido es que las empresas que tengan en su plantilla a más de 50 trabajadores tienen la obligación de reservar un dos por ciento de la misma para empleados con discapacidad.

Uno de los puntos claves de las acciones orientadas a mejorar la vida de los ciudadanos que padecen algún tipo de discapacaidad y de quienes se dedican a su cuidado es la atención temprana. Bajo este calificativo se enmarcan todas las intervenciones dirigidas a que la población infantil, de entre 0 y 6 años, cuente con un tratamiento rápido y efectivo que de respuesta lo antes posible a sus necesidades, ya sean éstas transitorias o permanentes.

Menores afectados

Este tipo de intervenciones tienen como protagonistas tanto a los pequeños que presentan trastornos en su desarrollo como a aquellos que están en riesgo de padecerlos. Un total de 1.600 menores, según los últimos datos publicados por el departamento de Sanidad gallego, se encontrarían en esta situación. Un 53,4 por ciento son niños.

En la actualidad, la asistencia a este censo infantil de discapacitados pivota sobre una red de 46 unidades de atención temprana. Nueve de ellas pertenecen a la propia red hospitalaria y dos están financiadas por Benestar mientras que 35 servicios dependen bien de la administración local, bien de la Universidad. La heterogeneidad que de este mapa de medios justifica, en opinión del Ejecutivo gallego, una actuación urgente que lleve a la protocolarización y, ante todo, a la homologación de los procesos. Y es que los menores que siguieron programas de atención temprana presentan, en líneas generales, unos mejores niveles de desarrollo.

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