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Canarias destina 26,6 millones a los dependientes

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AGENCIAS45-06-2010ima3
SANTA CRUZ DE TENERIFE
El Consejo del Gobierno de Canarias acordó ayer destinar más de 26,6 millones de euros a la atención de las personas dependientes, una cuantía que se materializará a través de un convenio con los cabildos, que aportarán casi 14 millones más, de ahí que la inversión total en esta materia superará los 40 millones de euros.

El Consejo de Gobierno regional acordó así la suscripción de convenios de colaboración con las siete corporaciones insulares para la prestación de servicios a las personas en situación de Dependencia, así como la autorización del gasto que conllevan estos convenios.
Este acuerdo contempla una inversión global que asciende a 40.407.195 euros, de los que el Gobierno canario aportará un total de 26.653.713 euros (a través de las Consejerías de Sanidad y de Bienestar Social, Juventud y Vivienda), mientras que el resto, 13.753.482 euros, los asumirán los cabildos canarios.

Estos convenios se enmarcan en el proceso gradual de creación del Sistema Canario para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que contempla la adaptación de los actuales planes de Atención Sociosanitaria para Personas Mayores y con Discapacidad al nuevo Sistema Canario de Atención a la Dependencia, con lo que se da cumplimiento a la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las Personas en situación de Dependencia.

Con la entrada en vigor de la conocida como Ley de Dependencia, se define un marco de actuación común y básico para todas las administraciones públicas en la atención a las personas dependientes. El instrumento que garantiza esta asistencia es el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), el cual cuenta con un catálogo de prestaciones económicas y de servicios, que está configurado como una red pública y que, además, integra centros y servicios, tanto públicos como privados concertados, que siempre estarán acreditados.

En Canarias, la distribución de competencias en servicios sociales quedó implantada por la Ley 9/1987, en la que el legislador pone de manifiesto la necesidad de avanzar en la cooperación y coordinación interadministrativa de todas las Administraciones Públicas implicadas.
Las Islas, a la cola

La secretaria de Bienestar Social de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Marisol Pérez, afirmó ayer que Canarias está a la cola, "se mire por donde se mire", en el desarrollo de la Ley de dependencia y acusó a la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, de no saber a qué destina los fondos. "A Rojas le desaparece el dinero y no se sabe en qué cuentas", aseguró la socialista extremeña, que ayer visitó Tenerife. Pérez insistió en que el Estado ha transferido a Canarias 77 millones de euros desde que comenzó la Ley de la Dependencia y que las Islas tienen sólo 7.500 personas que reciben ayudas, pero hay una lista de espera de 23 meses para dar esas prestaciones.

18.000 casos reconocidos

Además, criticó que tampoco se han desarrollado servicios de teleasistencia o centros de atención, como los de respiro familiar o residencias, para quienes precisan algún tipo de ayuda. "Si las 18.000 personas reconocidas como dependientes tuvieran alguno de estos servicios sería estupendo" y dijo que esta situación obedece "exclusivamente a un problema de gestión" de la Consejería de Rojas.

"Canarias no cumple con la Ley", aseguró Pérez, quien manifestó que la modificación de los criterios para recibir los fondos de Dependencia obligará a las Islas a dar las ayudas en seis meses. Además, anunció que el Tribunal de Cuentas investiga, desde hace meses, cómo se ha invertido el dinero y, "seguramente, ahí veremos la explicación a los agujeros negros".

Pérez, a la pregunta de por qué no hay medidas para controlar que los dependientes reciban la prestación, económica o de servicios, señaló que "el problema no es de la Ley, sino de lealtad institucional y respeto al ciudadano".

La también diputada recordó que la cantidad que aporta el Estado para esta norma ha de ser igualada por la región, de modo que, para ella, los ciudadanos de las Islas están siendo perjudicados "por la gestión ineficaz" del Gobierno regional y que los canarios no pueden ser tratados como "ciudadanos de tercera".

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