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Los derechos de las personas discapacitadas, a examen

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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha propuesto que los derechos jurídicos de las personas con discapacidad, recogidos en la Convención de Naciones Unidas del 2006, se introduzcan en el Derecho interno español con las correspondientes reformas legales. Con este propósito se reúne desde ayer en Zaragoza el Foro de Justicia y Discapacidad, en un encuentro al que asisten representantes de todos los colectivos judiciales y que terminará mañana.

"La Convención de la ONU sobre personas discapacitadas sustituye el modelo paternalista existente hasta ahora por otro basado en la integración social en pie de igualdad con el resto de los ciudadanos", subrayó ayer Pío Aguirre, vocal del CGPJ y presidente del foro. Aguirre señaló que tanto la comunidad europea como España han ratificado el documento de Naciones Unidas, así como otros 140 países más, muchos de ellos en vías de desarrollo.

La introducción de los principios del convenio afectará a leyes existentes, como la de dependencia y la de accesibilidad, pero el mayor reto será modificar la incapacidad judicial, "ya que la convención reconoce la capacidad de obrar de las personas discapacitadas", según manifestó Aguirre, que dio una rueda de prensa en compañía del fiscal del Supremo Carlos Ganzenmuller y la magistrada del CGPJ Rocío Pérez-Puig.

El texto de la ONU estipula que, en los procedimientos de incapacidad, el discapacitado no podrá ser sustituido por otras personas, como ocurre con la figura del tutor. En cambio, la convención reconoce que puede necesitar ayuda.

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