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Casi 90.000 personas dependientes han muerto a la espera de recibir las ayudas

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La contestación es escueta, cuatro líneas bajo los mimbretes oficiales de la Secretaría de Estado de Relaciones Institucionales y del Registro del Congreso de los Diputados. Pero la cifra hace innecesarias más palabras. «Desde la puesta en marcha del sistema informático del SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención para la Dependencia), el número total de solicitudes recibidas es de 1.306.239. De éstas, el número de fallecidos, a 19 de febrero del 2010, sin tener conocimiento de grado y nivel, es de 37.425, siendo el número de personas sin prestación, pero que sí tenían reconocido grado y nivel, de 52.563».

Por tanto, tras tres años y dos meses de vigencia de la Ley de Dependencia, uno de los proyectos estrella del Gobierno para dar contenido al eslogan de que todo está al servicio de las políticas sociales, en toda España han fallecido 89.988 personas esperando recibir la atención que la ley les ha reconocido. Las 52.563 personas que tenían dictamen de grado y nivel estaban incluso esperando unos recursos que ya se les había asignado, pero que nunca llegaron.

Para explicar el drama de estas muertes hay que tener en cuenta, por un lado, la lentitud de los protocolos, ya que el sistema exige hasta 32 pasos diferentes desde la solicitud hasta la recepción de la ayuda, cuestión que ha sido denunciada con insistencia por parte del PP y de otros grupos políticos, así como por distintos interlocutores sociales. Y en segundo lugar, la falta de presupuesto. En relación a este último punto, el ajuste de gasto en el que se ha embarcado in extremis el Ejecutivo para poner sordina al desbocado déficit público ha supuesto que en 2010 los recursos para la Ley de Dependencia hayan caído un 18 por ciento con relación al año anterior. Este año se han presupuestado 1.671 millones de euros, mientras que en 2009 se destinaron 1.958 millones de euros. 

Las quejas por la lentitud y la carencia de recursos han sido generalizadas. Desde el informe oficial del grupo de expertos solicitado por el Congreso de los Diputados, hasta el del Comité Español de Representantes de personas con Discapacidad (Cermi), de enero de 2010. La Unión de Consumidores ha calculado que el tiempo medio de espera entre la fecha de solicitud para la valoración y la fecha de recepción de la ayuda ronda entre los 12 y los 18 meses.

La respuesta parlamentaria, dirigida al diputado del PP Miguel Barrachina, que fue ponente de la Ley de Dependencia, evita dar detalles de la distribución de fallecimientos por comunidades autónomas.  Ahora bien, el análisis de las cifras de las listas de espera territoriales, a las que sí es posible acceder, llevan a ser muy pesimista sobre el futuro. Hay 516.043 mayores y discapacitados esperando que la Administración les conceda la ayuda que les reconoce la Ley de Dependencia.


Andalucía en cabeza

Los fallecimientos que oficializa el Gobierno a través de su respuesta parlamentaria son hasta febrero de 2010, pero, de acuerdo con los datos ofrecidos por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, a fecha 1 de abril de 2010 existe una primera cola de 149.391 personas mayores o con discapacidad que todavía esperan ser valorados (1.417.824 solicitudes y 1.268.433 dictámenes).

El mayor retraso se da en Andalucía, con 64.282 casos, seguida de Castilla-La Mancha, con 12.792; Extremadura, con 9.847; y País Vasco, con 9.569. Después están Galicia, con 8.233; Asturias, con 7.658; Canarias, con 7.330; Aragón, con 5.698; y Comunidad Valenciana, con 5.627. Andalucía acapara el 43 por ciento del total nacional.

En la lista de quienes están ya esperando el recurso que se les asignó (y en la que el Gobierno reconoce que ha habido 52.563 fallecidos), hay  otras 366.652 personas. Por comunidades autónomas, la palma se la lleva nuevamente Andalucía, con 82.042. Después aparece Cataluña, con 71.071.

 

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