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«Pensé que ya tendría asistente personal, pero sigo a cargo de mi padre, que tiene 90 años»

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«¿Qué quieres que te diga? Yo esperaba más» Con Rafa Funes el tuteo no solo es obligatorio, sino natural, porque este entreguino, con un 84% de minusvalía debido a una tetraparesia -dolencia que le impide controlar el movimiento de brazos y piernas-, es un habitual de EL COMERCIO. Este periódico fue testigo de cómo, el 23 de abril de 2007, Funes era el primer candidato a beneficiarse de la Ley de la Dependencia que planteaba la solicitud de valoración ante los Servicios Sociales de Sotrondio.

Antes, en diciembre de 2006, ya había desvelado a través de unas líneas semejantes a éstas sus esperanzas ante una norma de obligado cumplimiento que parecía hacer realidad el sueño de toda persona con discapacidad: la cobertura de sus necesidades sería tan universal como la atención médica o la enseñanza. En aquel momento, Funes, militante socialista, integrante de la comisión contra las barreras arquitectónicas y estudioso del Libro Blanco de la Dependencia, confiaba en que con la norma «logre la independencia».

Tres años después, igualmente militante socialista, además de director del Centro Social de El Entrego y presidente de la Asociación de Pensionistas San Andrés, Funes no puede ocultar tras su eterna sonrisa que «como te digo, esperaba más», ya que «pensé que tendría ya asistente personal, pero sigo a cargo de mi padre, que tiene 90 años». Su resumen de estos primeros 36 meses de desarrollo de la ley es que «evidentemente, es mejor tenerla, pero, en realidad, a mi hasta ahora sólo me aportó 300 euros más».

Y eso que Funes tiene el máximo grado de dependencia, el III de nivel 2, con lo que, sobre el papel, tendría derecho a elegir cualquier servicio, entre un amplio abanico de plaza residencial, centro de día, ayuda a domicilio o teleasistencia, o por una prestación, tanto para pagarse un asistente personal, como para pagar a un familiar.

«Esto es un cajón de sastre»

Y es aquí donde llegan las primeras pegas a una ley «de la que sigo esperando más», porque «resulta que como yo ya tenía reconocida una gran minusvalía y mi padre cobra por ello un complemento, pues no tengo derecho a casi nada». Además, Rafa Funes asegura que «no es dinero lo que quiero, eso lo dije siempre», sino la figura más demandada por el colectivo de discapacitados «el asistente personal. Sólo por eso esta ley ya merecía la pena y, resulta, que es el elemento más retrasado, aún por regular».

De hecho, en todo el país sólo 698 beneficiarios de la Ley de la Dependencia cuentan con esa figura, «pero ninguno en Asturias. Esa es la clave, que nos den esa atención, ya que la autonomía no se está teniendo en cuenta. Sólo se mira la dependencia».

En su opinión, la ley «es un cajón de sastre» donde se busca atención «a muchos colectivos con diferentes necesidades. Están personas muy mayores, con demencia y jóvenes con alguna minusvalía. Como es obvio, no le interesa lo mismo a un octogenario con Alzheimer que a mi, que voy en silla de ruedas, pero no paro en todo el día».

Lo único que ha cambiado en su vida en estos tres años es la llegada de Nadime, una no asistente personal, «pero que hace las veces de eso», con cargo «al dinero de mi padre». Ella cubre una figura insustituible, la de Consuelo, la madre de Rafa que fue, hasta 2008, «la que, con mi padre, se consagró a que a mi no me faltara de nada».

A la cara de Rafa vuelve la sonrisa, porque tiene claro que «no gano nada estando triste». Su cruzada ahora es que «se revisen las pensiones de orfandad para grandes minusvalías. Si me quedo solo, sólo tendré el 30% de la pensión de mi padre. Lo que tienen que dejarnos es el cien por cien». Y mientras sigue luchando, prepara la maleta, ya que su club de pensionistas «nos vamos a Málaga. ¡A ver si te crees que me voy a quedar parado!».

 

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