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La Ley de Servicios Sociales convierte en derechos 13 prestaciones esenciales

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2010-02-25_ima2Lo que hasta ahora se trataba de una labor «asistencial» para a convertirse en «un auténtico derecho subjetivo» para los ciudadanos. Con este espíritu y finalidad el consejero de Familia, César Antón, daba cuenta ayer del visto bueno de la Junta de Castilla y León a la esperada Ley de Servicios Sociales y de la Dependencia regional.

Sin que aún se conozca la fecha en la que se llevará a las Cortes para su aprobación «con el máximo consenso posible», según expresó Antón, el texto aprobado ayer en el Consejo de Gobierno servirá «para atender con garantía, suficiencia y sostenibilidad» las necesidades de la población que se verá beneficiada. Elaborada siguiendo las consignas del Artículo 13 del Estatuto de Autonomía, está estructurada en 109 artículo agrupados en diez títulos, además de varias disposiciones adicionales, derogatorias y finales.

El Título Primero está dedicado a las prestaciones, entre las que se distinguen «las esenciales», que son las que pasan a tener la consideración de derechos, y las que no lo son. Todas ellas se desarrollarán en un futuro catálogo, que es precisamente otra de las novedades de la futura Ley «y en el que se ordenarán y determinarán todas las prestaciones». En este sentido, el consejero planteó la posibilidad de que más adelante se elaboren catálogos provinciales, siempre bajo el paraguas del región.

«Garantizados»

En su exposición, Antón destacó especialmente dos de los servicios «garantizados» con este texto, la atención temprana a niños con discapacidad como la teleasistencia domiciliaria a los mayores de 80 años. Además, el documento incluye como prestaciones que serán obligatorias en su provisión y estarán públicamente garantizadas, entre otras, las medidas específicas para la protección de menores de edad en situación de riesgo o desamparo, la ayuda a domicilio, la atención en centro de día y de noche, la residencial, la prestación económica de asistencia personal.

y la vinculada cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado.

Antón concretó que la memoria económica recoge que de los 670,5 millones de euros del año 2008 -cuando se empezó a trabajar en la ley- de la Gerencia de Servicios Sociales se pasará en 2015 a 938 millones de euros -266 millones más, un 40 por ciento), a lo que si se suma lo que aportaran las administraciones locales, con lo que se superarían los 1. 131 millones.

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