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Ley de Dependencia se enreda en un caos burocrático

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Los dependientes y sus familiares se quejan de las dificultades que tienen para culminar expedientes

A.Z.D.
La puesta en marcha en Canarias de la Ley de Dependencia va camino de convertirse en un auténtico caos. Personas con discapacidad y familiares se quejan de la lentitud de un proceso que se ha convertido en un auténtico campo minado para el solicitante. De hecho, el Archipiélago ha pasado a ocupar la última plaza de España en cuanto a las personas que ya se benefician de este derecho en relación a la población censada en las distintas comunidades autónomas, pues sólo 6.809 personas reciben la prestaciones, de un total de 2.103.992. Mientras el Gobierno canario y el PSC se cruzan duras acusaciones en relación a este tema, los afectados señalan en primer término la mala gestión del Ejecutivo autónomo, pero también apuntan que el sistema establecido por el Estado tiene muchas fallos.




Gisela Rivero, portavoz de la Plataforma de la Ley de Dependencia, explica que la media de tiempo transcurrido entre el momento en el que una persona solicita la prestación hasta que ésta le es efectivamente concedida es de algo más de dos años. "Tardan más de un año en darte el dictamen. Luego, a partir de ahí, tienes que esperar a que te den el Plan de Atención Individualizada, que también tarda", añade, para que "al final todo se alargue hasta dos años y unos meses".


Pero, además, la casuística arroja muchas más complicaciones que pueden acabar alargando más los procedimientos: recursos de alzada contra las decisiones de la Administración, incompatibilidades que no se detectan hasta última hora y hasta reclamaciones judiciales. "Tenemos varios casos en los que, por ejemplo, se pierden los papeles y hay que volver a iniciar otra vez".


Además, denuncian que el Gobierno canario solapa el sistema implantado por la Ley de Dependencia con otras iniciativas autonómicas ya existentes con anterioridad, de forma que finalmente no se puede saber a ciencia cierta el nivel de inversión ni de cobertura. "En Canarias ya existían los planes sectoriales de discapacidad y de tercera edad, que nada tienen que ver con la Ley de Dependencia", explican desde el colectivo. Así, señalan que se ha llegado a dar el caso de personas a los que se les reconoce el derecho de la Ley de Dependencia para continuar igual que antes, sin que el reconocimiento del derecho varía en un ápice su estatus.


Finalmente, señalan que, más allá de estos fallos imputables al Gobierno canario, hay una Ley de Dependencia con muchas lagunas. "No toda la culpa es del Gobierno de Canarias porque la Ley de la Dependencia está muy mal parida. Si querías establecer un derecho como la sanidad o la educación, tenían que haber estado dentro del sistema de la Seguridad Social porque aquí cada comunidad autónoma pone unas barreras diferentes", explica Rivero.


Además de esta circunstancia, la portavoz de la asociación señala que las valoraciones están resultando muy discutibles y es objeto de muchos desacuerdos. "El sistema de valoración no es idóneo. Un autista, por poner un ejemplo, puede coger un vaso por sí mismo, pero, sin embargo, no sabe si está bebiendo agua o lejía. Sin embargo, se apunta que es capaz de beber por si solo".


Rivero señala otros déficits que, a su juicio, tiene el sistema que se quiera implantar. "Te piden los ingresos de la unidad familiar y eso no es legal. Además, estamos en contra del copago, pagamos dos veces una prestación", finaliza la representante del colectivo.

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