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El pago de la dependencia alimenta la polémica a los tres años de la ley

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Lo que cuesta la atención a las personas dependientes y cómo se reparte el pago de esa asistencia va camino de convertirse en un misterio insondable. Cada parte tiene sus cuentas y los resultados son dispares. Y en medio de este fuego cruzado de datos, las personas, usuarios y familias, los que disfrutan de un servicio, los que aspiran a disfrutarlo y los que han recibido calabazas.

Las críticas desde la Junta al Gobierno central por la escasa dotación de la ley han sido continuas. La última, el 26 de enero, por boca del consejero de Familia, César Antón, que defendió que la comunidad financia la Dependencia cuatro veces más que el Estado, números que no cuadran en el PSOE de Castilla y León. «Son cálculos tramposos», asegura el procurador Jorge Félix Alonso, que esgrime un informe «elaborado con lo que en el propio Presupuesto de la Junta figura que aporta el Estado».

Alonso escruta lo que el Gobierno de Juan Vicente Herrera incluye en gastos de Dependencia en su propio Presupuesto autonómico. «Allí están todos aquellos servicios que ya ofrecía antes de la entrada en vigor de la ley y que fueron financiados al valorar el traspaso de la competencia a la comunidad», afirma el socialista. Desde el 2007, año en que inició su andadura la normativa, hasta el 2010, el presupuesto de atención a las personas con dificultades para valerse por sí mismas ha crecido 180,44 millones de euros, según el informe del procurador de la oposición. «La aportación del Gobierno de España de ese incremento presupuestario ha sido de 96,30 millones de euros y la de la Junta, de 84,13, el 53,37% y el 46,63% respectivamente», defiende Jorge Félix Alonso. Y el análisis no es sobre el volumen total de lo que se destina a la Dependencia, puesto que habría que incluir la aportación de los usuarios y de las de las corporaciones locales. «Datos que la Junta no facilita de forma oficial», precisa Alonso.

Fondos y Plan E

«El 75% de los 530 millones adicionales que recibirá Castilla y León con el nuevo modelo de financiación autonómica deberá emplearse en Sanidad, Educación y Servicios Sociales. Hay muchos ingresos del Estado para esta área más allá de la partida concreta de dependencia», resalta el socialista, que añade otras aportaciones extraordinarias como los 29,6 millones de euros para obras relacionadas con la Dependencia que recibió la comunidad en el 2009 con cargo al Plan E.

La firma de ese plan, «que está ayudando a transformar la residencia de Parquesol (Valladolid) de válidos a asistidos», fue el último acto como ministra de Mercedes Cabrera. El 6 de abril del año pasado lo rubricó en Valladolid con el consejero César Antón. Pese a ser interrogados directamente por el enfrentamiento a cuenta de las cifras no hubo reproche alguno de los dos responsables. Fue un acto en paz, armonía y buen rollo.

A la vista está que aquello fue espejismo de un día. Mes y medio después, la Junta valoró en euros, por primera vez, lo que costaba la atención a cada persona que se acogía a esta ley social. 1.324 euros, según los datos del 2009 facilitados en mayo por César Antón, que se repartían así: 810,42 (el 61,21%) de la cartera de la Junta, 264,53 (el 19,98%) del bolsillo de las familias y 249,05 (el 18,81%) de las arcas estatales. «Las cuentas son más sencillas que todo eso que dice el PSOE. Sólo hay que repasar el Boletín Oficial del Estado, el BOE», replica la gerente de Servicios Sociales, Milagros Marcos. El publicado hace apenas un año, el 31 de enero del 2009, que fijaba las cantidades que se abonaban por beneficiario durante ese año recogía 263,93 euros al mes por las personas con el grado de dependencia más severo (Grado 3, Nivel 2). «Eso se va a revisar este año a 266 euros. Si tenemos en cuenta que una plaza en una residencia se sitúa en un mínimo de entre 1.500 y 1.600 euros, la verdad es que no tiene parangón», critica Milagros Marcos.

Las valoraciones recogidas por persona y grado de dependencia en el BOE marcan la dotación garantizada por el Estado, que suele sumar algo más con una partida «global» que complementa ese «nivel acordado». El ministerio 'libera' esas partidas personalizadas inmediatamente después de que la Junta comunica que el beneficiario está recibiendo la prestación.

La Gerente de Servicios Sociales sitúa en 205 euros la media económica que la Junta recibe de las arcas estatales por cada beneficiario de la Ley de Dependencia. Un cantidad que considera irrisoria en la mayor parte de los casos. «Si a una persona con discapacidad hay que facilitarle una plaza residencial y otra en un centro ocupacional, sólo hay que ver la diferencia de coste», apunta Milagros Marcos.

«Las cuentas son sencillas. Gracias a Dios que aquí existía antes una red fuerte de servicios sociales y que la Junta puede proporcionar esos servicios», insiste la gerente regional, quien augura que «peligra la sostenibilidad de la atención a la Dependencia porque no está garantizada la financiación».

Dotación escuálida

El porcentaje de financiación estatal del informe socialista adelgaza hasta quedarse esquelético en las cuentas que ofrece el departamento de Antón. La Consejería incluye aquí todo el gasto ligado a los servicios que atienden a las personas con dificultades para llevar una vida independiente. Los que existían desde antes del 2007 y las partidas que se han incorporado tras la aprobación de la ley. Sitúan el volumen de gasto del 2009 en 466 millones de euros, de los que la Junta aporta 384,7 y el ministerio 81,3. Las cuentas dejan así un porcentaje del 82,55% para la aportación del Gobierno de Herrera y un 17,45% para la partida que envía Zapatero.

Son cifras dispares, las del PSOE y la Junta, a las que se incorporan las de un órgano «independiente» como es la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, cuyo rigor ha alabado el propio presidente de la Junta en su discurso del último debate sobre el estado de la comunidad, que reconocen el «importante esfuerzo de financiación de personal» de comunidades como Castilla y León y Andalucía, pero que sitúa las aportaciones del 2009 (sin contar los 29,6 millones de las obras del Plan E), en el 33,9% por parte del Estado, el 16,2% de los usuarios y el 49,9% de la Junta.

 

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