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Quince mil militares se unen contra la Ley de Derechos y Deberes

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A pocas semanas de que se retome en el Congreso de los Diputados la tramitación parlamentaria de la Ley de Derechos y Deberes de los militares, seis asociaciones, que representan aproximadamente a quince mil miembros de las Fuerzas Armadas, se han unido para denunciar el «malestar» existente en los Ejércitos con esta ley y con la de la carrera militar.

Un «hecho sin precedentes», según aseguró el secretario general de la Asociación Unificada de Militares Españoles (Aume), Mariano Casado, que se ha plasmado en un manifiesto unitario firmado por la Asociación de Suboficiales (Asfas), Asociación por la Defensa de las Clases Pasivas (Asclapas), Asociación de Militares en Activo y en la Reserva de los Tres Ejércitos (Amarte), Plataforma por la Defensa de las Escalas Auxiliares, Círculo de Oficiales y Aume.

En su manifiesto, estos colectivos denuncian que el movimiento asociativo ha sido «radicalmente ignorado» por los sucesivos Gobiernos y que las decisiones adoptadas en materia social, económica y profesional no han escuchado a los «ciudadanos afectados por estas políticas». Esta falta de participación ha derivado en un «amplio malestar y en la generación de múltiples e innumerables incidencias negativas, de las que pocos militares se han podido sustraer».

La principal reivindicación de estas seis asociaciones es «la publicación de una ley de derechos y libertades públicas, que no olvide a los retirados y veteranos». En su manifiesto, aseguran que esta Ley que ellos reclaman «no se corresponde, en absoluto con el proyecto de Ley Orgánica de Derechos y Deberes que ha presentado el Gobierno, a la vista de su inasumible carácter severamente limitador de derechos fundamentales para los militares».

Los militares piden que la ley regule «derechos como la libertad de expresión, de reunión y de manifestación, y el derecho a la intimidad, favoreciendo su desarrollo y pleno despliegue». Igualmente, quieren que se regule el derecho de asociación profesional y «órganos de participación democráticos».

La tramitación de esta ley está prevista que se retome a final de enero con las comparecencias de representantes de asociaciones militares y de expertos.

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