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Mil personas se interesan por las ayudas tras los daños de la talidomida

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Los afectados reivindican una pensión y el pago total de las prótesis, además de la indemnización

La concesión de indemnizaciones a personas con malformaciones congénitas que certifiquen que esos daños son efecto de la talidomida, ha tenido su primera consecuencia: las posibles víctimas de toda España están dejando de ser «invisibles». Reconocer el derecho a ayudas ha sacado a la luz la situación de personas que llevan cerca de 50 años viviendo bajo las posibles consecuencias de un fármaco que fue recetado a sus madres para paliar las náuseas en los primeros meses de embarazo.

En sólo 24 horas, entre el lunes y ayer, la Asociación de Víctimas de la Talidomida (Avite) recibió «más de mil correos electrónicos y muchas llamadas telefónicas». Son personas interesadas «por la labor de la asociación y por conocer si su situación responde a un posible caso de afección a causa del fármaco», señaló José Riquelme, presidente de Avite.

La asociación calcula que en España hay 3.000 afectados y de ellos, unos 300 residen en la Comunitat. Por el momento, ya hay un valenciano entre las 24 personas que recibirán las primeras ayudas, José Javier Gramage, vecino de Ontinyent.

Hasta ahora, se ha anunciado que los ciudadanos con derecho a indemnización recibirán entre 30.0000 y 100.000 euros, en función del grado de discapacidad que sufren. Para ello el Gobierno está preparando un Real Decreto que en breve se someterá a aprobación por el Consejo de Ministros.

Riquelme destacó que todavía «es pronto» para conocer más detalles sobre las indemnizaciones, pero se mostró confiado en que no tardarán. Ahora Avite se mantendrá a la espera antes de iniciar nuevas actuaciones. «Estamos esperando a que se publique. Después seguiremos dialogando con la ministra de Sanidad».

Nada más conocer la decisión del Gobierno, el presidente de Avite reconoció que con ello «se compensan muchos años de invisibilidad y demuestran la culpabilidad del Estado». Ahora, cuando se han disparado las consultas a la asociación se descubre que la primera batalla está ganada. Pero Avite está dispuesta a mantener la lucha.

Estudia medidas legales para que el laboratorio que comercializaba el fármaco, la multinacional alemana Grünenthal participe en las indemnizaciones, «ya que, tanto la farmacéutica como el Gobierno son culpables de que se autorizase el uso sin haberlo probado lo suficiente», apuntó Riquelme en declaraciones a Europa Press.

Desde la asociación consideran que el Ejecutivo «se ha quedado corto». También reclamaban pensiones vitalicias, el pago total de las prótesis y una unidad de referencia para las revisiones médicas.

Para indemnizar a las personas que certifiquen que están afectadas, el Gobierno ha previsto 1,59 millones. Para conceder el reconocimiento que da derecho a la ayuda, el Ministerio de Sanidad encargó al Centro de Investigación de Anomalías Congénitas un protocolo que determina si las malformaciones responden al uso que su madre hizo del fármaco.

La anomalía más frecuente se caracteriza por la carencia de brazos, a veces también de piernas o casos de brazos muy cortos. La talidomida se comercializó entre 1958 y 1961. En España se vendió oficialmente hasta 1963.

 

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