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La pena de muerte está en retroceso

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Los abolicionistas suman argumentos nuevos a su causa, más allá de los derechos humanos: es cara, ineficaz para prevenir delitos e insostenible ante los errores judiciales destapados por el ADN

La pena de muerte está en retroceso y no sólo por los argumentos clásicos que han cimentado la causa abolicionista en todo el mundo. Su elevado coste económico, su ineficacia para prevenir el delito y los errores judiciales -algunos demostrados con pruebas de ADN y otros por puro azar- están acompañando una tendencia que ha llevado a eliminar la pena capital en tres estados de Estados Unidos, a debatirla en otros diez, y a abolirla en más de 20 países en la última década.

El proceso de apelación es complejo y muy caro

Hoy se prevé la ejecución en Tejas del 'dudoso' autor de un triple asesinato

Matar sale caro. Una condena perpetua o de cualquier otro tipo es más barata y, según los expertos, aplicarlas, en lugar de enviar a los presos al corredor de la muerte, no provocaría un aumento del crimen. "En mi última apelación, mis abogados cobraron 500.000 dólares [370.000 euros]. El coste de mantener a un preso en Oklahoma es de 25.000 al año [18.500 euros]. Así que con 500.000 se podrían pagar 20 años de cárcel a un reo y no matarlo", señala Curtis McCarty, un hombre que pasó 22 años encarcelado, 16 en el corredor, por un crimen que no había cometido. A McCarty, sólo su inocencia -demostrada gracias a unas pruebas de ADN que consiguió gracias a la organización The Innocence Project- ya le parece suficiente para convencer a ese 65% de estadounidenses que todavía están a favor de la pena capital, según Gallup. Sin embargo, su experiencia como activista desde que salió de prisión en 2007 le ha enseñado que, "desafortunadamente", la cartera importa más que los errores que han llevado a morir ejecutados a por lo menos ocho inocentes desde 1973.

"A mucha gente le sorprende que la complejidad y finalidad de la pena de muerte la convierten en más cara que una perpetua sin posibilidad de apelación. La pena capital es un programa gubernamental hinchado que ha atascado los tribunales, retrasado la justicia para las familias de las víctimas y devorado millones de dólares que podrían usarse para detener el crimen", se explica desde la ONG Nebraskans Against Death Penalty (Nebraska contra la pena de muerte). Más de una docena de estados norteamericanos gastan entre cuatro y 10 veces más en la "industria" del corredor de la muerte que si aplicaran sentencias de por vida. Un condenado a muerte tiene derecho a nueve apelaciones. En cada una de ellas, el gasto se dispara. Y con cada una de ellas, si el preso sigue siendo declarado culpable, el tiempo del recluso se alarga, perpetuándose además el sufrimiento, de media, durante más de 12 años. Sin embargo, resulta un negocio lucrativo: "Muchos abogados no quieren que se acabe con la pena de muerte. Algunos están ganando mucho dinero", opina McCarty.

Desde San Francisco, Robert R. Bryan, abogado experimentado en casos de pena capital -ha representado a más de 200 acusados de asesinato a lo largo de 30 años-, discrepa: "Me gustaría saber quién está 'ganando mucho dinero'. No es cierto. La mayoría de abogados pensamos que la pena de muerte se debería suprimir. Si empleas todas tus fuerzas en un caso, es siempre una ruina financiera". Michael Radelet, profesor de Sociología en la Universidad de Colorado, ofrece otro ángulo: "Los casos de pena de muerte son caros porque siempre se llega al juicio, nadie se declara culpable, no hay acuerdos previos. Los juicios en los que se pide la pena capital se alargan e implican muchos expertos. Y una vez que una persona es condenada, el proceso de apelación es caro, por los abogados y los jueces. Resumiendo: es más barato pagar a funcionarios de prisiones que a abogados".

Con los millones de dólares que se podrían ahorrar, dicen diversas ONG, se podrían impulsar programas de ayuda a supervivientes de homicidios o para luchar contra el crimen. Muchos policías reconocen que la pena de muerte no sirve para reducir el crimen. Amnistía Internacional también lo afirma, informe tras informe. "La pregunta de si la pena de muerte tiene efectos más potentes que una larga condena a la hora de detener un crimen no es opinable. Se ha estudiado durante 75 años. El pasado verano pregunté a los criminólogos más importantes de EE UU, y el 90% dijeron que la pena de muerte no impide más crímenes", explica Radelet desde Colorado.

Tampoco contribuye a satisfacer a muchas víctimas de crímenes. Bill Pelke es presidente y co-fundador de Journey of Hope (Viaje de la Esperanza), una ONG que reúne a familiares de víctimas de asesinatos, a familiares de ejecutados en el corredor, y a inocentes que se libraron de la muerte. En 1985, la abuela de Pelke fue asesinada por cuatro niñas de 15 años. Una de ellas fue sentenciada a morir electrocutada y Pelke luchó desde el principio para que no la mataran, hasta conseguir que su pena se conmutara a 60 años: "No queremos que se mate en nuestro nombre. El alivio de las víctimas no llega matando a otra persona. La revancha no es la solución".

Apoyados en todos los argumentos posibles, el abolicionismo ha conquistado territorios en Estados Unidos. Si bien todavía están muy lejos de una abolición total en el conjunto de los 50 estados de la Unión, ha habido avances en los últimos años. En 2007, Nueva York y Nueva Jersey abolieron la pena capital, los primeros en 23 años. Massachusetts y Rhode Island, en 1984, habían sido los últimos. Pero es que además, el año pasado, Nuevo México tomó el mismo camino. Bill Richardson, gobernador del Estado, declaró, tras firmar la decisión: "A pesar de mi opinión personal sobre la pena de muerte, no tengo la confianza necesaria en el sistema judicial. Porque nunca podrá ser perfecto. Mi conciencia me dice que hay que reemplazar la pena de muerte por una solución que mantenga a la sociedad segura".

El error es humano. 139 norteamericanos acabaron condenados injustamente. Ellos pudieron demostrarlo, gracias a pruebas de ADN y al azar. Pero que se sepa, ocho personas libres de culpa han muerto. Podrían ser más: "Están matando a inocentes. En Illinois -desde el año 1976, cuando se reinstauró la pena de muerte en EE UU- han matado a 22 personas y exonerado a otras 22. Es un cincuenta-cincuenta, es demasiado", opina Ronald Kitchen, que salió en julio del corredor tras 21 años.

Conseguir el permiso para que se realicen pruebas de ADN a aquellos presos que lo soliciten no es fácil. Hank Skinner lleva años pidiéndolas desde la cárcel de Polunsky, en Livingston (Tejas), donde cumple condena por el asesinato de su novia y los dos hijos de ésta en 1993. The Innocence Project está implicada en su caso: "El ADN todavía no examinado en la escena del crimen podría probar definitivamente su culpabilidad o inocencia. Es esencial que se examine antes de la ejecución, para que la opinión pública pueda creer en el sistema judicial. La petición de pruebas de ADN que exige Skinner no es nueva. Lleva 10 años pidiéndolas. Entre las pruebas que quiere que se realicen hay dos cuchillos de la escena del crimen, pelos encontrados en la mano de una de las víctimas y una cazadora que posiblemente pertenezca a un sospechoso. Desde el juicio a Skinner, hay diversas pruebas que indican que había otra persona implicada en el crimen". Sin embargo, el estado de Texas ejecutará a Skinner hoy, a las seis de la tarde hora local, doce de la noche en España. La última esperanza es que el gobernador del Estado, Rick Perry, aplace su final. Sin embargo, Perry tiene el dudoso honor de ser el gobernador que más sentencias de muerte ha firmado en toda la historia de EE UU. Lleva 212 muertes (frente a las 152 de George W. Bush) y Amnistía Internacional le ha señalado repetidamente por haber ejecutado a personas que eran menores en el momento de cometer el delito -hasta 2005, la Corte Suprema de EE UU no prohibió esa práctica-, a enfermos mentales, a ciudadanos extranjeros privados de sus derechos consulares y a inocentes como Cameron Todd Willingham, para quien unas pruebas periciales que solicitaba llegaron demasiado tarde, ejecutado por inyección letal en 2004. El caso de Skinner, que hoy morirá si nada o nadie lo remedian, podría ser (o no) como el de Willingham. Sólo el ADN podría aclararlo antes de que no tenga remedio.

A mediados de 2008, Philip Alston, ponente especial del consejo de derechos humanos de Naciones Unidas, visitó EE UU durante dos semanas. Concluyó: "El problema es que un sistema judicial con fallos reconocidos que el Gobierno rechaza tratar y resolver... siempre cometerá nuevos errores. EE UU invierte mucho tiempo y energía en llevar a cabo ejecuciones. Sin embargo, una prioridad mejor sería analizar dónde falla la justicia y por qué hay gente inocente sentenciada a muerte".

Si bien Estados Unidos mató a 52 personas en sus cárceles en 2009 frente a 37 en 2008, la tendencia de la última década es descendente. Aunque queda mucho camino por hacer. Esther Brown, directora del Project Hope to Abolish the Death Penalty, una organización que busca la abolición en el Estado de Alabama, hurga en la herida: "En Alabama sentimos que somos un planeta aparte. Somos un Estado pequeño, y sin embargo, enviamos a más gente al corredor que nadie. Tenemos la tasa per cápita más alta del país. Para nosotros es difícil ver mejoras. Cuando una mira a otros estados que han abolido la pena, y Nueva Jersey es un ejemplo, aunque sea maravilloso, la pregunta es: ¿hacía cuánto que no ejecutaban?". 1963, como en Nueva York.

Los dos estados eran ejemplos de territorios abolicionistas en la práctica que han terminado plasmando esa actitud en las leyes, convirtiéndose en abolicionistas de hecho. Nebraska, Montana, Kansas, Maryland, Connecticut, Illinois o Colorado llevan caminos parecidos, y están cerca de la abolición. En el último, en mayo pasado, el senado estatal rechazó una propuesta por un voto. "Tarde o temprano, Colorado abolirá la pena capital. Los fiscales piden hoy la muerte de los acusados muy pocas veces en nuestro territorio. Y no me extrañaría que dejen de pedirla totalmente antes de llegar a la abolición formal", señala el profesor Radelet.

En el mundo, muchos países han seguido el mismo camino en las últimas décadas, pasando de la aplicación de la pena de muerte a la abolición parcial o el desuso, para finalmente llegar a la plena abolición. España, por ejemplo, ejecutó por última vez el 17 de septiembre de 1975. Dos etarras, Jon Paredes y Anjel Otaegi; y tres miembros del FRAP, José Luis Sánchez, Ramón García y Humberto Baena fueron fusilados por la justicia franquista. La Constitución suprimió la pena de muerte en 1978, pero dejó abierta la posibilidad en el Código Penal Militar, "para casos de traición, rebelión militar, espionaje, sabotaje o crímenes de guerra". Eso impidió a España entrar a formar parte del club de países totalmente abolicionistas hasta 1995.

En los últimos diez años, 23 naciones han abolido la pena de muerte para todos los casos. Los últimos, en 2009, fueron Togo y Burundi. Con estos dos países, ya son 95 abolicionistas en todos los casos. Y aunque el planeta está lejísimos de conseguir una moratoria mundial -por la que por cierto ya se pronunció la Asamblea General de Naciones Unidas en 2007 y 2008, y se espera otra resolución para 2010- la lista de países ejecutores es cada vez menor. Con China, Irán, Irak, Arabia Saudí, Estados Unidos y Pakistán a la cabeza, 58 países siguen utilizando el asesinato como arma judicial y, en ocasiones, política. Algunos con nula transparencia. Como China, que no ofrece datos y que prohibió en 2009 que los medios de comunicación chinos informaran sobre ejecuciones.

"El secretismo rodea el uso de la pena de muerte en países como China, Bielorrusia, Irán, Mongolia, Corea del Norte y Vietnam. Ese secretismo es indefendible. Si la pena capital es un acto legítimo de un gobierno, tal y como exclaman esas naciones, no hay razón alguna para que su uso se esconda del escrutinio público e internacional", se opina desde Amnistía Internacional.

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