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Educación se hace con el control del Consejo Escolar por decreto

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Los discapacitados, contra el decreto que aísla a los niños de educación especial

El consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, se ha hecho con el control del Consejo Escolar Valenciano sin esperar a la publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de la ley que modificará este órgano consultivo. El pleno del Consell celebrado ayer aprobó un decreto por el que se establece un "régimen transitorio" de una Comisión Permanente de Trabajo, integrada por 19 miembros nombrados directamente por el consejero. Esta decisión supone, en la práctica, la suspensión en sus funciones del actual Consejo Escolar Valenciano, en el que Font de Mora no tiene mayoría, como se pudo comprobar ayer en la reunión de la Comisión de Proyectos Legislativos que rechazó la redacción de la futura Ley de Autoridad del Profesorado, y su sustitución por la Comisión Permanente que ayer aprobó el Gobierno

El pleno del Gobierno valenciano no tuvo en cuenta el dictamen del Consejo Escolar que el pasado mes de febrero se opuso a la futura normativa que reduce el número de consejeros, aumenta su tiempo de mandato e incorpora a la Academia de la Lengua o al Defensor del Discapacitado o las universidades privadas, entre otras modificaciones. La propuesta del Consell sobre la Ley de Autoridad del Profesorado, el primer proyecto educativo que propone el PP en 15 años, se encontró ayer con el rechazo de la Comisión de Proyectos Legislativos. Esta postura revela el nivel de confrontación existente con el consejero. Una ley similar se aprobó en la Comunidad de Madrid por consenso. Más de la mitad de los miembros de la comisión solicitaron la retirada del borrador y la redacción de un nuevo texto.

Para el STEPV, sindicato mayoritario en el sector de la educación, el texto "no aporta mejoras a la tarea docente". CC OO no lo ve operativo porque "no introduce cambios en el Código Penal que refuercen la autoridad [del profesor]". UGT se abstuvo porque está "a favor de este reconocimiento social del docente", pero expresó su disconformidad con un texto "que ni siquiera incorpora las medidas de carácter pedagógico de prevención que establece la Ley Orgánica de Educación".

"Se trata de una ley con coste cero, que se remite a lo que ya contienen otras normativas autonómicas como el Decreto de Derechos y Deberes [que sanciona las agresiones verbales o físicas a un profesor], y no introduce nuevas figuras pedagógicas como los mediadores socioculturales para resolver conflictos o la formación integral del profesorado en este tipo de resoluciones", señaló el portavoz de UGT

El anteproyecto de ley -que conforma el núcleo del ideario que el PP nacional impulsa dentro del marco estatal de las negociaciones del Pacto por la Educación- no obtuvo el apoyo necesario en la comisión del Consejo Escolar Valenciano. Pero este contratiempo, previsiblemente, será el último que padezca el consejero Font de Mora en este órgano consultivo.

La confrontación entre Font de Mora y la mayoría de los actuales miembros del Consejo se acentuó tras conocerse los cambios introducidos en el Decreto Legislativo del Consejo del Consejo Escolar Valenciano por el que se dio luz verde al texto refundido de la Ley de Consejos Escolares de la Comunidad Valenciana. Este enfrentamiento acabó ayer. El Consell tiró por la calle de en medio y aprobó un decreto por el que creaba una Comisión Permanente de Trabajo sustitutiva del actual Consejo.

La nueva comisión funcionará hasta que se apruebe el decreto legislativo y estará integrada por 19 miembros designados por los respectivos sectores, organismos o instituciones y nombrados por el consejero de Educación. Dicho de otro modo: Font de Mora decidirá quiénes formarán parte de esa comisión.

Oficialmente, el Consell modifica la composición de los Consejos Escolares para "asegurar la representatividad proporcional de los sectores públicos y privados en función del alumnado escolarizado en cada sector".

La introducción de esta transitoria es, según Marc Candela, del STEPV, "una burda maniobra para adelantarse a la entrada en vigor del decreto y hacerse con la mayoría del Consejo Escolar desde antes de que entre en vigor". "Y sin tener en cuenta ninguna de las reflexiones que se han hecho en el seno del Consejo Escolar", añade Luis García Trapiello, de CC OO. "La invención de esta nueva comisión de régimen transitorio fuerza el Estado de derecho", remata Trapiello.

Por otra parte, el Gobierno valenciano ayer acordó impulsar un nuevo decreto para los alumnos de Educación Especial que vuelve al viejo modelo de "aulas especiales" en los colegios y promueve otra vez "centros integrados" para los discapacitados.

El comité ejecutivo del CERMI -entidad que representa al 95% de las 400.000 personas con discapacidad de la Comunidad Valenciana- expresó su "rotundo desacuerdo con una normativa que vuelve a la segregación y aislamiento de los niños con necesidades especiales" y "rompe con la integración llevada a cabo en los últimos 20 años".

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