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Sí a los medicamentos «low cost»

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larazon

23-07-2011bisCorren tiempos difíciles para la economía en general, y para la sanidad pública en particular. Toca apretarse el cinturón por la vía del gasto para tratar de aliviar el agujero negro financiero que asfixia al Sistema Nacional de Salud (SNS) y las últimas medidas anunciadas por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad en el marco del Consejo Interterritorial de Salud buscarán rebajar la presión que ejercen los 15.000 millones de euros de deuda que arrastra el sistema. No obstante, las decisiones adoptadas por Sanidad en acuerdo con las comunidades autónomas han puesto en pie de guerra a la industria farmacéutica, que en sólo diecisiete meses ha sufrido los envites de tres normas de reducción del gasto farmacéutico.

De hecho, de concretarse las intenciones de la titular de Sanidad, Leire Pajín, el impacto económico en las empresas farmacéuticas podría acercarse a los 5.000 millones de euros, pero que produciría el mismo nivel de ahorro en las cuentas autonómicas –las competencias sanitarias están transferidas a las regiones– y en el bolsillo del contribuyente.

Responsabilidad económica

El principal punto de discordia está en la decisión de que los médicos deban recetar obligatoriamente según el principio activo –la composición del fármaco– en lugar de según la marca comercial. De esta forma, el farmacéutico tendrá que dispensar luego al paciente el medicamento más barato sobre la base del principio activo prescrito por el facultativo. Además, en caso de igualdad de precio entre la marca y el genérico, éste último tendrá prioridad. Tanto las asociaciones de consumidores como los propios médicos valoran los postulados adoptados por Pajín y las CC AA y consideran positivos los acuerdos alcanzados.

La Organización Médica Colegial (OMC) expresó ayer su apoyo al modelo de prescripción por principio activo, aunque con matices. El vicesecretario general de la OMC, Jerónimo Fernández, destacó que «debe mantenerse la misma presentación para el mismo fármaco», es decir, la bioapariencia o aspecto externo del medicamento debe ser igual para todos los genéricos de un mismo principio activo «para no confundir al paciente», especialmente a los polimedicados o de avanzada edad. En relación a la adopción de esta medida por parte de los facultativos, aseguró que «no tiene porqué haber reticencias a la hora de aplicar esta prescripción». En este sentido, afirmó que se trata de asegurar la sostenibilidad del sistema y que, como médicos, «tenemos que ser responsables a la hora de recetar, teniendo presentes las decisiones farmacológicas, pero también las económicas.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que lleva años defendiendo la prescripción de genéricos, aplaudió la aprobación de las recetas según el principio activo y afirmó que es una medida «que va en la dirección correcta». Además, se mostraron contentos de que se apueste por unos criterios más selectivos a la hora de financiar nuevos medicamentos ya que «el SNS sólo debe financiar aquellos fármacos nuevos que demuestren añadir un beneficio relevante sobre los ya existentes». En la misma línea se pronunció Facua-Consumidores en Acción, que explicó que este modelo supone un «claro avance para contener el gasto farmacéutico, y no tiene porqué perjudicar la calidad de la asistencia médica. No obstante, insistió en que para que sea efectiva debe ir acompañada de campañas informativas a los usuarios.

Las decisiones adoptadas por el Consejo Interterritorial no han sido igual de bien recibidas en el seno de la industria farmacéutica. Su patronal en España levantó la voz contra las medidas adoptadas por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas y advirtió de que «son un error» que les conducirá a una «situación límite, con graves consecuencias y pérdidas económicas, de empleo y de inversión en investigación y desarrollo». El máximo responsable de Farmaindustria, Humberto Arnés, calificó ayer de «inadmisible» la generalización de la prescripción por principio activo con la que el Ejecutivo pretende ahorrar unos 2.000 millones de euros anuales, y afirmó que se trata de una medida que «no generará ningún ahorro adicional y que pondrá en riesgo a muchos pacientes, especialmente a ancianos y polimedicados».

De hecho, Arnés insistió en que tratar de controlar el gasto farmacéutico por la vía de los precios «acabará por estrangular» al sector, y se mostró partidario de «igualar rápidamente» el precio de los medicamentos originales con el de los genéricos. No obstante, precisó que para que eso fuese posible debería producirse en todas las regiones por igual y sin discriminar el medicamento de marca cuando tiene el mismo precio que el genérico, así como reconociendo la libertad de prescripción del médico. A su juicio, de seguir adelante con la obligatoriedad de recetar genéricos, el cambio de fármaco podría generar confusión en determinados pacientes, disminuyendo así su adherencia al tratamiento.

Ventajas de los genéricos

En un contexto marcado por la profunda crisis económica, los medicamentos genéricos suponen no sólo un ahorro para el contribuyente, sino también para el paciente que acude a la farmacia a comprarlos y, en general, para el conjunto del sistema sanitario. La reducción del precio se sitúa entre el 25% y el 50% respecto al coste del medicamento original.

Este ahorro se produce sin que se reduzca ni la calidad ni la eficacia en los fármacos. Y es que los medicamentos genéricos son equivalentes a sus originales de marca, pues contienen los mismos principios activos y cuentan con la misma seguridad.

Los médicos ya no recetarán una marca comercial, sino el principio activo que consideren más indicado para curar.

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