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Más control a los servicios sociales

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El Gobierno Vasco y las diputaciones pactan las competencias de la Alta Inspección. Se refuerza la vigilancia para garantizar una atención de calidad en geriátricos y otros centros

Las residencias de ancianos, los centros de día, la atención a menores o los servicios dirigidos a la discapacidad verán reforzado el control institucional. El objetivo es garantizar la calidad de las prestaciones a miles de ciudadanos, de acuerdo con los estándares de la Ley de Servicios Sociales. Hasta ahora, este control era efectuado en exclusiva por las diputaciones. En adelante, se sumará el ejercido por el Gobierno Vasco.

La consejería de Empleo y Asuntos Sociales, las tres diputaciones y Eudel han alcanzado un acuerdo en torno a la Alta Inspección. Este órgano de nueva creación, dependiente del Ejecutivo autónomo, comprobará el funcionamiento correcto y equilibrado del sistema.

El anuncio de su puesta en marcha provocó en febrero una agria polémica entre el Gobierno Vasco, por un lado, y las diputaciones y Eudel por otro. Éstas últimas consideraron que el Ejecutivo pretendía invadir sus competencias.

Finalmente, se ha llegado a un acuerdo que deslinda las funciones de cada institución. El Ejecutivo autónomo controlará el cumplimiento de la ley en los equipamientos sociales. Ahora bien, la inspección sobre el terreno seguirá corriendo a cargo de las diputaciones.

Por ejemplo, los funcionarios forales serán los encargados de inspeccionar los menús que se sirven en las residencias de ancianos. En el caso de que el Gobierno Vasco quiera disponer de datos sobre esta misma cuestión, la Alta Inspección citará a las personas responsables y reclamará los documentos que estime necesarios para efectuar la investigación.

Este reparto de papeles ha pacificado el inicial encontronazo entre las citadas administraciones. La foto de familia se escenificó ayer en el salón de actos del Gobierno Vasco en Bilbao. El acuerdo fue explicado por la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta. Junto a ella comparecieron los diputados forales del ramo: Maite Etxaniz (Gipuzkoa), Covadonga Solaguren (Álava) y Juan María Aburto (Vizcaya). También estuvo presente Lourdes Idoiaga, responsable del área social de Eudel.

Zabaleta resaltó que el consenso alcanzado en torno a la Alta Inspección permitirá disponer de una «herramienta para garantizar el acceso a todos los ciudadanos a los servicios sociales en igualdad de condiciones, así como aumentar la calidad de la prestación».

Sus actuaciones consistirán en velar por el cumplimiento de las condiciones básicas que garanticen el derecho a los servicios sociales. La Alta Inspección también comprobará la adecuación de los niveles de prestación ofrecidos por las instituciones, atendiendo a las condiciones establecidas en la cartera de servicios. Entre sus atribuciones figura la verificación y la adecuación de los contratos de gestión.

El trabajo dará lugar a informes o dictámenes y, en caso de incumplimiento de la normativa vigente, se requerirá que lo subsane a la Administración correspondiente. Los términos del acuerdo se trasladarán a un decreto que debe pasar todavía por el Gobierno Vasco.

Controversia

Zabaleta, para conjurar cualquier atisbo de roce interinstitucional, subrayó que se trabajará «con el respeto más absoluto a las competencias que tienen asignadas las diputaciones y los ayuntamientos».

La consejera admitió que el anuncio de la creación del nuevo organismo ha suscitado controversia. «Se ha querido poner el dedo en la llaga sobre si la Alta Inspección va a entrar en los centros donde se prestan los servicios, como si esa fuera la única tarea para velar por el cumplimiento de la ley». Zabaleta añadió que «vamos a ser escrupulosos con las competencias de cada institución para que no se duplique el trabajo. La competencia de entrar en los centros para inspeccionarlos recae en las diputaciones. La Alta Inspección -explicó la consejera- en coordinación con esa labor técnica, recabará información. No me cabe la menor duda de que si la Alta Inspección requiere cualquier cosa de las diputaciones para el cumplimiento de sus fines, éstas responderán de manera favorable».

El nuevo organismo no tendrá capacidad sancionadora. Zabaleta indicó que su labor será «trasladar la irregularidad que haya detectado a la institución que ostente la competencia sancionadora. La Alta Inspección no es controladora ni sancionadora, es competente para analizar y evaluar el grado de cumplimiento de la ley».

Los tres diputados forales corroboraron las declaraciones de la consejera. Maite Etxaniz indicó que la Alta Inspección tiene una vocación más amplia que entrar al detalle del funcionamiento de un centro concreto. «Tiene una labor más importante: velar para que las instituciones cumplan la ley», indicó la responsable guipuzcoana.

Queja por la comida

En esta misma línea se expresó Juan María Aburto. «El funcionamiento ordinario seguirá como hasta ahora. Por ejemplo, si el usuario de una residencia de ancianos está descontento con la comida, una queja habitual, trasladará su protesta a la Diputación. La Alta Inspección -indicó el responsable vizcaíno- tiene una función de más calado: definir qué servicios debe haber en un determinado lugar. De esta forma, si la Diputación no cumple el índice de cobertura fijado, la Alta Inspección informará sobre este hecho, con el espíritu de colaborar para resolver la situación».

Covadonga Solaguren indicó que la normativa obliga a las instituciones forales a inspeccionar todas las residencias al menos una vez al año, más las que se deriven por quejas. «En Álava, semanal o mensualmente se tramitan sanciones por la calidad de atención: el trato, la comida... También por la propia estructura de los centros. Todas las diputaciones cuentan con un servicio específico de inspección técnica para detectar estas situaciones».

Los diputados de los tres territorios han advertido de «la dimensión que está adquiriendo el sistema de servicios sociales», cuya principal «debilidad» es su financiación. Ante este hecho, pidieron abrir ese debate para buscar «un gran pacto político y social sobre el cual lograr que ese entramado sea sostenible». Aburto indicó que «debemos definir qué sistema queremos, cuánto cuesta y cómo vamos a pagarlo» .

 

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