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Siete puertos españoles monopolizan el negocio del contrabando de tabaco

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17-04-2011bisNo tiene ningún rechazo social, su penalidad es baja y los beneficios económicos, millonarios. Este es el cóctel explosivo del contrabando de tabaco en España, un negocio ilegal que en Europa mueve 50 millones de dólares al año, según datos de Europol, y en el que participan sofisticadas organizaciones criminales que actúan con gran impunidad: «Son grupos bien organizados, en los que unos pocos se dedican a la fabricación, otros al transporte o colocación en destino y otros al blanqueo de dinero», aseguró a ABC Howard Pugh, responsable del fichero «Smoke» de Europol, sin duda la primera autoridad europea en la materia.

En nuestro país los datos son escasos y hasta cierto punto contradictorios. Así, mientras desde el sector tabaquero se asegura que la crisis económica, la subida de impuestos y la ley del tabaco —que entró en vigor el pasado 1 de enero— ha aumentado el contrabando, curiosamente las cifras de incautaciones de cajetillas en 2010 disminuyeron un 40% respecto al año anterior, según datos de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil (UTPJ), que añade que en cambio ha habido un pequeño repunte en el número de delitos. Aun así, desde las compañías se insiste en que un 6% del total de las ventas de tabaco es de contrabando —el Instituto Armado disminuye este porcentaje hasta una banda de entre el 0,5 y el 2%—, mientras que la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España cuantifica sus pérdidas en 66 millones de euros. «No son extrañas esas diferencias —aseguran las fuentes consultadas—. Es lógico que haya una mayor percepción de este fenómeno dado que han disminuido los puntos legales de venta, mientras que los ilegales continúan con su actividad normal e incluso han proliferado».

Aunque no hay cifras oficiales en cuanto a volumen de negocio y pérdidas ocasionadas en nuestro país, sino solo estimaciones de las tabaqueras, uno de los indicadores más claros del daño que el contrabando de tabaco ocasiona en términos económicos es que con cada punto porcentual de crecimiento de esta actividad el Estado recauda 80 millones de euros menos en impuestos y se deja de ingresar además un 18,8% en IVA.

A pesar de las importantes cifras el contrabando de tabaco es, a día de hoy, un gran desconocido para el gran público, que aún lo asocia a grupos pequeños, casi familiares, que utilizan esta actividad para ganarse la vida. Lo cierto, sin embargo, es que hoy día en este campo actúa una poderosa industria criminal. «El fenómeno preocupante, desde un punto de vista económico y de salud, es el de la falsificación. Ahí hay que dar batalla», sostienen los investigadores.

País de tránsito

La Sección de Blanqueo de Capitales, Contrabando y Fraude a la Hacienda Comunitaria de la UTPJ, encargada de hacer los análisis sobre este asunto, explica que España es, sobre todo, un país de tránsito de esta mercancía hacia Europa, en especial hacia Alemania y Holanda. Si bien no se puede minusvalorar este mercado en nuestro país, que incluso está en alza. La principal vía de penetración es la marítima a través de contenedores, y los puertos de entrada principales son Algeciras, Barcelona, Valencia, Pontevedra, Bilbao, Tenerife y Las Palmas.

Detrás de estos envíos de contenedores —se declara una carga ficticia (desde peluches hasta cestas de mimbre) que ocupa las dos o tres primeras filas del contenedor, mientras que el resto se llena con tabaco falsificado—, se encuentran fábricas instaladas en distintos países. China elabora el 70% de esta mercancía que se consume en España, si bien se han detectado también plantas productoras en Vietnam, Transnitria, Emiratos Árabes Unidos y la zona noroccidental de África, de forma singular Marruecos y Mauritania.

La detección de los contenedores es muy complicada, ya que los contrabandistas utilizan puertos de mucho tránsito donde es imposible inspeccionar cada una de las cargas que se reciben. La única forma posible de actuar de los servicios fiscales de la Guardia Civil y de Aduanas es la elaboración de análisis de riesgos en función de un determinado número de parámetros.

Aun así, resulta difícil la detección puesto que quienes remiten la mercancía se mueven con impunidad en su país y aquí declaran como destinatarios a sociedades falsas. Una vez que logran pasar la aduana ya tienen apalabrado un lugar de almacenaje y desde allí es distribuido en camiones a lugares que no coinciden con el que figura en la documentación presentada en la frontera.

Una de las posibles vías de investigación sería la de las empresas remitentes de los contenedores con tabaco falsificado, pero las fuentes consultadas aseguran que esa línea de trabajo no se puede poner en marcha porque los países implicados no colaboran en las pesquisas: «Muchas veces sabemos que un país tiene fábricas de tabaco falsificado por los análisis que hacen las tabaqueras de las cajetillas intervenidas, que permiten hacer una "huella genética" de las mismas. Si aparecen en esos estudios pegamentos distintos, composiciones diferentes a las conocidas de papel de fumar u otros elementos, cabe deducir que lo confiscado procede de una fábrica distinta».

Además de la vía marítima, sigue activa la terrestre. En este caso, las principales zonas de penetración son Portugal, que está aumentando su importacia; Andorra —para evitar cruzan la frontera por el monte en todoterrenos—, y Gibraltar. Asimismo, hay entrada (y salida) por vía aérea desde puntos con mejor fiscalidad para el tabaco. E incluso internet, una vez más, se está revelando como una oportunidad de negocio, pues alemanes residentes en España envían cargamentos de tabaco legal a su país, donde esta sustancia es mucho más cara.

A lomos de burros

Las «collas» andorranas, formadas por ciudadanos del Principado y catalanes, son al tabaco lo que los narcos colombianos a la cocaína. Auténticos clanes familiares que pasan el negocio de padres a hijos; eso sí cada vez con una actividad más diversificada y agresiva. Cuelan la mercancía por la frontera, a través del monte, en coches y furgonetas, e incluso a lomos de burros. Junto a ellos, las clásicas del campo de Gibraltar que se dedican al tabaco y al hachís, organizaciones turcas que inundan Europa de cigarrillos asiáticos y las norteafricanas que se han hecho hueco. En casi todas hay españoles que, cuando se detecta a los delincuentes, son los que caen.

Los investigadores advierten del peligro: son cada vez más grupos organizados, con los mismos métodos operativos de otros criminales; con tareas bien repartidas, hacen contravigilancias y «limpieza» de itinerarios con coches lanzadera para detectar a los agentes. Una vieja modalidad delictiva que se ha sumado al carro de los nuevos tiempos.

Penas muy bajas y poca concienciación de los jueces

Los encargados de luchar contra este delito lo tienen claro: el contrabando de tabaco no tiene rechazo social y su baja penalidad —de dos a cinco años— hace que muy pocas veces los jueces decidan entrar a fondo en las investigaciones. «No conceden ni intervenciones telefónicas, ni entregas controladas porque consideran que son medidas demasiado importantes para combatir un delito de estas características —aseguran las fuentes consultadas por ABC—. Por eso, al final sólo nos queda el trabajo de calle y así es casi imposible desmantelar organizaciones de importancia».

En la mayoría de los casos las investigaciones acaban con la intervención de la mercancía ilegal, sin que luego se hagan otras pesquisas para intentar llegar más lejos. «Tampoco ayuda que las tabaqueras, que junto al Estado son las más perjudicadas, nunca se presenten en los procesos como acusación particular, a pesar de que se les pide que lo hagan», añaden las mismas fuentes.

El delito de contrabando no es el único que se comete. A este hay que sumarle el de falsificación y, eventualmente, uno contra la salud pública, lo que elevaría la pena de los implicados en este tipo de actividades.

Hay que precisar que para que haya delito de contrabando la mercancía debe estar valorada en más de 6.000 euros, pues de lo contrario se estaría ante una falta administrativa que se paga con una multa. El Gobierno quiere subir ese límite a los 30.000 euros (está en tramitación un proyecto de ley). «Cuando se haga, para las Fuerzas de Seguridad este delito dejará de ser importante y se bajará el pistón de la vigilancia», aventura uno de los investigadores.

Como dato positivo, en cambio, estará el hecho de que los procesos administrativos son mucho más ágiles que los penales y además las multas que se imponen son mucho más fuertes; en resumen, el Estado hará más caja.

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