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Tres denuncias en Euskadi por malos humos

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elcorreo

La ley antitabaco cumplió ayer un mes. Tiempo de balances. En sus primeros 30 días -la ley comenzó a aplicarse el día 2-, el Gobierno vasco sólo ha recibido tres denuncias por incumplimiento de la norma, las tres tramitadas por la Policía Municipal de Vitoria. Ni una sola, por tanto, en Vizcaya, tampoco en Guipúzcoa.

Podría pensarse que la norma se ha recibido mejor entre la población vasca que en otras autonomías. Es posible, pero de momento faltan evidencias para asegurar algo así. Lo que sí se sabe es que durante este tiempo no se ha sabido quién se ocupa de vigilar el buen cumplimiento de la norma y quién de tramitar los expedientes sancionadores. ¿Será la Policía Municipal? ¿Ertzaintza? ¿Inspectores de Sanidad? En definitiva, ¿a qué ventanilla tiene que dirigirse un ciudadano para denunciar una supuesta irregularidad? La falta de un régimen sancionador, como consecuencia del retraso que la tramitación de la ley vasca ha experimentado en el Parlamento, explica el reducido número de quejas y sanciones registrado en Euskadi.

Sanciones de 600.000 euros

La normativa actualmente en vigor es el marco general descrito por el Ministerio de Sanidad, de obligado cumplimiento en el conjunto de España. Las leyes autonómicas, de haberlas, como es el caso de Euskadi, pueden ser más restrictivas, pero no menos; y han de definir los procesos administrativos.

¿Qué se sabe de la norma vasca? Muchas cosas, aunque aún quedan lagunas. La ley apuesta por «la prevención, el respeto y la convivencia», según ha explicado la directora de Drogodependencias, Celina Pereda. Posiblemente, siguiéndose esta filosofía, las primeras denuncias, esas tres quejas tramitadas por la Policía de Vitoria, no acaben en sanción económica, dado que el Gobierno se ha comprometido a trabajar inicialmente «para que la población tome conciencia de que ser fumador pasivo perjudica la salud». El día en que se termine el periodo de gracia, los incumplimientos se sancionarán con el mismo rigor que los delitos contra la ley de Drogodependencias, con multas que pueden ascender hasta los 600.000 y la suspensión de la actividad hostelera.

La situación no ha sido muy diferente en el resto del país en este primer mes sin humo, marcado tanto por la aparente aceptación social que han cosechado estas restricciones como por el malestar que han generado en el sector de la hostelería. Unos, los empresarios más ingeniosos, han optado por buscar remedios imaginativos, como aparcar un autobús en la puerta del bar y servir en él a los fumadores. Otros han optado por el enfrentamiento abierto y se han encontrado con un expediente sancionador. Y todos ellos, agrupados en las 74 asociaciones que forman parte de la Federación Española de Hostelería (FEHR), han comenzado a trabajar en las mil y una maneras de darle la vuelta a la ley: manifestaciones, recogidas de firmas, una plataforma social, abogados...

Comportamiento «cívico»

Las denuncias se cuentan por cientos, aunque no se ha impuesto sanción alguna por incumplimiento. El trámite legal lleva su tiempo y toda denuncia tiene, además, su plazo para alegaciones. La mayoría de los expedientes se han abierto por fumar en bares y restaurantes. También en hospitales, aunque este asepecto es más anecdótico.

Otro número importante de denuncias se debe tanto a la falta de carteles informativos en los locales sobre la prohibición de fumar como a la venta de tabaco en lugares sin autorización. La comunidad que suma más expedientes es Valencia: 17. La organización de consumidores FACUA ha recibido 941 quejas.

Portavoces de las distintas comunidades autónomas destacaron la normalidad y el alto cumplimiento de la ley que se ha registrado en este tiempo. «El Gobierno de España y el PSOE están muy satisfechos con el comportamiento cívico de la mayoría de los ciudadanos», declaró ayer la secretaria de Bienestar Social del partido socialista, Marisol Pérez, que criticó, sin embargo, las «pegas» puestas por algunas autonomías del PP a su cumplimiento, negando «los medios adecuados» o haciendo declaraciones «que no benefician a su cumplimiento». IU pidió al Gobierno que pague los tratamientos para dejar de fumar. El resto de partidos no se pronunció.

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