El Plan Social que se presenta hoy prevé contratos para 30.000 personas

Desde el regreso del Partido Popular a la Xunta, las listas gallegas del Inem se han incrementado en 27.000 personas hasta sumar 234.171 desempleados. Lejos de acortarse, la cola del paro sigue creciendo sin que las políticas del PP consigan atajar la sangría. Consciente de que la situación económica es ahora todavía peor que cuando aterrizó en el Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo ha prometido en las últimas dos semanas crear 43.500 puestos de trabajo. Su primer gran anuncio lo hizo hace quince días tras el Consello de la Xunta: prometió invertir 42 millones de euros para generar 4.000 empleos en los ayuntamientos y primar aquellos proyectos que propicien mayor actividad económica.

El programa, explicó Feijóo, sería pactado con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), premiaría a los parados de larga duración y permitiría, entre otros objetivos, acelerar obras y contrataciones urgentes como los Grupos Municipales de Intervención Rápida (Grumir), el personal que participa en los trabajos de prevención y extinción de incendios, ya durante este mes. Más allá de la filosofía, ni la Xunta, ni la Fegamp han explicado qué ha sido de ese proyecto, con qué criterios se van a repartir los fondos y cuando se firmarán los primeros contratos.

Organizaciones de derechos humanos expresaron hoy su satisfacción por el interés sobre las condiciones de las cárceles en Argentina mostrado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU durante su examen de la situación en el país suramericano.

Los 18 expertos que integran el Comité concluyeron hoy dos días de sesiones en Nueva York en las que formularon numerosas preguntas al Gobierno argentino sobre las condiciones en las cárceles, el uso de la prisión preventiva, así como las torturas policiales, entre otros asuntos.

En estas dos jornadas los expertos manifestaron su preocupación por los presuntos abusos que se cometen en las cárceles y comisarías argentinas y particularmente en las de la provincia de Buenos Aires, dijeron en un comunicado el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Comisión Provincial por la Memoria y el Comité contra la Tortura.