María Verza

España, no nos decepciones». Las palabras del consejero jurídico de la prestigiosa ONG Human Right Watch, Reed Brody, al presentar hace unas semanas el manifiesto suscrito por un centenar de organizaciones para evitar que el parlamento español limitara el alcance la jurisdicción universal, salían no solo de su boca sino de la de miles de víctimas de medio mundo a las que la ley española ha dado voz, esperanza y justicia. Pero los dos principales grupos políticos españoles, PSOE y PP, los únicos con posibilidad de gobernar, no han escuchado ese grito. Era más cómodo, políticamente hablando, mirar para otro lado.

Con la reforma impuesta por socialistas y populares de forma urgente y esquivando el debate debido, la jurisdicción universal ya no podrá aplicarse de forma realmente universal porque solo será efectiva cuando el delito se cometa en España o las víctimas sean españolas (antes podían ser de cualquier nacionalidad). Para los políticos, la principal ventaja es que así se evitarán tensiones diplomáticas porque a ningún país -sobre todo si es democrático- le gusta ver como juzgan sus crímenes fuera. Es lo que pasó con el caso Pinochet o, más recientemente, con Israel, cuando la Audiencia Nacional decidió investigarlo por crímenes en Gaza. De hecho, son muchos los que creen que la presión ejercida por los israelíes ha sido clave para la modificación de la norma (aunque paradójicamente Israel y también EEUU contemplan este principio en sus legislaciones). Pero otros expertos apuntan a que el punto de inflexión fue cuando los tribunales españoles empezaron a investigar los crímenes del Franquismo, esos delitos para los que durante la Transición se hizo borrón y cuenta nueva.

Los defensores de la justicia universal confían, sin embargo, en que España mantenga su puesto de honor como país referente en esta materia y en que el Tribunal Constitucional eche por tierra lo aprobado hoy. Además recuerdan que la docena de causas abiertas seguirán su curso porque las leyes no tienen efecto retroactivo. Los magistrados de la Audiencia Nacional, que son los encargados de aplicar esta legislación, recordaron, además, que la reforma de la ley orgánica choca contra los convenios internacionales y también con lo dicho en 2005 por el Constitucional que hablaba de un principio de jurisdicción universal «absoluto» con la única restricción de que los hechos denunciados puedan ser juzgados en el país en el que se cometieron o por un Tribunal Internacional. Y este último, aunque existe, tiene un alcance muy limitado porque muchos países todavía no se han adherido a él y solo puede juzgar delitos de genocidio y lesa humanidad mientras que la ley española incluye el terrorismo, los tráficos ilegales, la prostitución o corrupción de menores y «cualquier otro» recogido en los tratados internacionales.

Quizás, el españolito de a pie crea que la justicia universal es una utopía porque España, por ejemplo, no pudo sentar en el banquillo a Pinochet. Se equivoca. En muchas ocasiones, las causas abiertas aquí han espoleado la justicia en los países de origen o generado un debate político y social muy útil para las víctimas. Por eso el jurista de HRW recordaba que la ley, hoy estrangulada, no pertenecía solo a los españoles sino a toda la humanidad.

TrackBack URI for this entry

Comentarios (0)

RSS feed Comments

Mostrar/Ocultar comenarios

Mostrar/Ocultar formulario de comenario

Nombre

Sitio Web

Título

Comentario

smaller | bigger

Subscribe via email (Registered users only)

I have read and agree to the Terms of Usage.

Escribe los caracteres de la imagen

Nuevo Comentario Preview