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Abolición de la prostitución

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José Joaquín Castellón | HACE poco tiempo estuve en un encuentro con unas amigas religiosas de Villa Teresita, una congregación religiosa que trabaja con mujeres prostituidas. Escuchamos la grabación de un diálogo con una prostituta nigeriana que me emocionó profundamente. Era el lento y consabido rosario de engaños, de violencia, de explotación y de violación de los derechos humanos que oprimen a muchas inmigrantes prostituidas; pero, escuchado en primera persona y con la emoción de una confesión personal a quien te acoge de verdad, me conmovió. El testimonio de aquella muchacha acababa con una oración llena de esperanza en la que agradecía la presencia bondadosa de Dios en su vida y en la vida de todas las mujeres que son explotadas por la prostitución.

La imagen que muchas veces de da de la prostitución entre sectores supuestamente progresistas, liberales y modernos es profundamente falseadora, encubridora de la explotación que supone el tráfico de personas. Se habla de "trabajadoras del sexo", cuando la prostitución no es sino la explotación y la degradación más antigua de la historia. Se postula la legalización y la regulación laboral como la solución de todos los problemas inherentes a la prostitución, cuando los más interesados en esa regularización son los proxenetas, los explotadores, y cuando todas las consecuencias perversas de la misma se ven incrementadas.

La legalización de la prostitución incrementa el tráfico de personas: el 80% de las prostitutas de Holanda, donde esta explotación es legal, son extranjeras de países pobres, según Janice G. Raymond, de la CICTM. En vez de controlar la industria del sexo, la expande. En Holanda, de nuevo, se han multiplicado por cinco los beneficios de los proxenetas en la última década, y en Suiza, después de una regularización parcial de la prostitución, los prostíbulos se han multiplicado por dos. La legalización de la prostitución aumenta la prostitución clandestina, ilegal y en la calle y la prostitución infantil. En Holanda se pasó de 4.000 niños ejerciendo la prostitución en 1996 a 15.000 en el 2001.

Que la prostitución es una cruel explotación se muestra con sólo ver la procedencia de quienes se ven forzadas a ejercerla, como nos decía Concepción, una de las religiosas de Villa Teresita, en Sevilla: el 95 % de las prostitutas de nuestro país son mujeres extranjeras de países pobres. Cada año llegan 12.000 mujeres traficadas desde Latinoamérica. Algunas pasan 24 meses pagando la "deuda" contraída con sus explotadores. Las nigerianas y las rumanas, por la pobreza, la violencia y la inseguridad que reinan en sus países, nunca son liberadas, según A. Urías, abogada de la Comisión de Extranjería del Colegio de Abogados de Cantabria.

Por eso es sorprendente que España todavía no haya firmado el Convenio Europeo contra la Trata de Seres Humanos que aborda el tráfico de mujeres para la explotación como un problema de derechos humanos y no de control migratorio; y que, por tanto, contempla toda prostitución como una explotación profunda y aberrante. Bajo el señuelo y el eslogan de la libertad sexual se encubren miles de historias de mujeres pobres, violadas, maltratadas, despreciadas, usadas como objeto de disfrute y capricho machista. En este aspecto de los derechos humanos estamos por detrás de Alemania, Italia, Francia o Inglaterra.

Comerciar con el propio cuerpo no es un derecho, porque los derechos se violan siempre que se hace de la persona un mero objeto de beneficio económico. Nuestra intimidad no es meramente espiritual, es corporal, carnal; por eso cuando se comercia con el cuerpo de una persona se la sitúa en la posición de objeto de consumo, lo que es causa de una manipulación profunda. Nuestra sexualidad es sacramento de nuestra intimidad. Toda banalización de la relación sexual nos despersonaliza y nos sumerge en una atmósfera de vacío existencial. Cuando se pierde el horizonte de la verdad ética, las medidas políticas que se arbitran acaban siendo perniciosas para los más débiles. Queriendo fomentar la libertad, toda medida política que no busque la abolición de la prostitución incrementa los beneficios de los explotadores y los sufrimientos de las mujeres más pobres y vulnerables.

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