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Un 22,1% de los navarros vive por debajo del umbral de pobreza, con 9.014 euros al año

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Jesús iribarren

ImageUna mujer pide lismona en Pamplona.Foto: Javier Bergasa

Pamplona. Navarra es la comunidad donde las desigualdades sociales (las diferencias entre ricos y pobres ) son más evidentes. Los datos manejados por el Parlamento, que estudia en una ponencia una actualización de la llamada Renta Básica, rompen la tradicional imagen estadística de la Comunidad Foral.

Así, Navarra es una de las autonomías con menor bolsa de pobreza (tanto relativa como severa: un 10,8% y un 3,3%, respectivamente) tomando como referencias las medias estatales, pero si se adoptan como indicadores los ingresos medios por unidad de consumo en la propia Navarra (que es donde viven y tienen que pagar los gastos esas personas con derecho a Renta Básica) la Comunidad Foral aparece a la cola del Estado en ambos conceptos, con un 22,1% de personas por debajo del umbral de "pobreza relativa" y un 4,8% en el cupo de "pobreza severa".

Estos dos términos son referencias técnicas manejadas tanto por la Administración como por los diferentes colectivos (profesionales, expertos de la UPNA, ONGs, etc...) que están aportando sus visiones a una ponencia parlamentaria que estudia una proposición de ley para modificar la Ley Foral de 6 de abril de 1999 y regular la Carta de Derechos Sociales aumentando el nivel de protección a este colectivo social. Por umbral de pobreza relativa se entiende aquellas personas con una renta familiar por unidad de consumo inferior al 60% de la mediana . Si se toma como referencia la situación estatal, esta cantidad es de 6.758 euros al año. Sin embargo, haciendo la media de los salarios y el coste de la vida en Navarra este límite ascendería a 9.014 euros anuales.

La diferencia es transcendental ya que Navarra pasaría de ser la segunda comunidad (por detrás de la CAV) con una bolsa de pobreza relativa más reducida (10,8% frente a un 36,7% en Extremadura) a ser la última de la tabla (la CAV en cambio se mantiene en el tercer puesto también respecto a la media de su autonomía) con un 22,1% de personas con serias dificultades para vivir aunque sin estar en una situación de pobreza severa .

Si se adoptara esta segundo nivel de exclusión social (que viene marcado por tener una renta familiar inferior al 30% de la mediana) el vuelco también se repite. Navarra, adoptando la referencia estatal (vivir con menos de 3.379 euros al año), está situada en la mitad del ranking (un 3,3% de pobres severos frente a un 1,8% de Madrid, la mejor y un 6,3% de Extremadura, la peor) pero de nuevo, si se coge el dato del nivel de la vida medio de la Comunidad Foral, Navarra releva a Extremadura a la cola del Estado, con un 4,8% de excluidos. La CAV, en cambio, se mantiene también como segunda autonomía con menor número proporcional de pobres.

Estos datos han llevado a diferentes grupos sociales y políticos a plantear la necesidad de reformar la legislación actual destinada a proteger y reinsertar socialmente esta parte de la población que quizá en números absolutos no son muy importantes, pero que en la actual coyuntura de crisis económica puede agravarse. Cada partido político ha propuesto una serie de medidas (sobre todo relativas a la equiparación de la Renta Básica con el SMI) que deberán ser debatidas y aprobadas en forma de ley.

l ¿Es excluyente subir la Renta Básica y apoyar el empleo social? Las nuevas corrientes sociales en otros países e incluso comunidades (la CAV está obteniendo buenos resultados, según se aprecia en las tablas) tienden a plantear ambos recursos como derechos compatibles y no excluyentes. Es decir, es posible mantener o elevar la Renta Básica y aplicar políticas en favor de la inserción laboral. La CAV desarrolla un programa llamado Estímulos al empleo que precisamente apuesta por, en lugar de penalizar (se condiciona la Renta Básica a buscar empleo), primar el hecho de que una persona en situación desfavorecida busque un trabajo: se combina una reducción en la prestación de Renta Básica con aplicar otros complementos con la finalidad de que perciba que sale ganando si logra un trabajo estable mediante el apoyo de los Servicios Sociales.

l ¿Hay muchas personas que viven de la Renta Básica y no quieren trabajar? Los expertos distinguen dos tiempos de perfiles: personas con elevadas posibilidades de insercción laboral a corto o medio plazo y personas con escasas posibilidades de inserccion laboral a corto o medio plazo . En ambos casos la Renta Básica es en sí un derecho y una prestación de mera subsistencia ya que es el primer paso para no quedarse fuera de la sociedad. Existe un cupo de población que tiene muy complicado salir de esta situación, nada cómoda, como es subsistir con unas cantidades muy inferiores a un tercio del sueldo medio. En el segundo caso, este doble derecho garantiza al excluido unos mínimos que le permiten buscar empleo mediante formación, discriminación positiva en oferta pública de empleo, acompañamiento social....

l ¿Las ayudas son las mismas según la unidad familiar? En la actual regulación de la Renta Básica (y su referencia en cuantía al SMI) ya se tiene en cuenta esta variable. Así, en caso de una unidad familiar con una persona se perciben 456 euros (el 80% del SMI); con dos personas, 542 euros (el 95% del SMI); con tres personas, 599 (el 105% del SMI); con cuatro personas 656 euros (el 115%), del SMI... Las enmiendas y propuestas de los partidos tienden a incrementar estos porcentajes y cantidades. Los estudios estadísticos y la experiencias en los Servicios Sociales de Base demuestran que el nivel de protección con estas cuantías es menor conforme se incrementa el número de personas a cuenta de los perceptores por lo que es un factor a tener en cuenta, si hay que redistribuir presupuestos, de manera que las actualizaciones sean superiores a partir de la segunda y tercera persona dependiente.

Hacia una Renta Básica equiparada al SMI

El actual debate surge de una propuesta de IU para regular por ley una Carta de Derechos Sociales modificando la ley foral que recoge, desde 1999, todo los que son las prestaciones sociales contra la exclusión social, especialmente la Renta Básica que es un apoyo económico para los sectores desfavorecidos catalogado como derecho. IU pretende modificar la cuantía de esta renta básica equiparándola al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Actualmente, en caso de ser un hogar con una persona, la Renta Básica es de 456,4%, un 80% del SMI, cifrado en 570 euros.

La filosofía de garantizar a este colectivo unos mínimos (con estas actualizaciones y otras baterías de medidas no excluyentes) viene apoyada por la oposición (NaBai y PSN) mientras que UPN y CDN se muestran más reticentes. El asunto no es nuevo ya que en la evaluación de la aplicación de este recurso en el periodo 1990-2001 ya se evidenció este desfase. Aunque la Renta Básica fue elevada a derecho en 1999 ahora tiene una nueva oportunidad de actualizarse sin esperar a que se termine el nuevo Plan de Exclusión Social. De hecho es una petición formulada ya técnicamente desde el año 2003. >j.i.C.

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