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El Govern recorta las ayudas a la pobreza de 51.000 a 8.000 usuarios

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Una interpretación restrictiva reduce la lista al contar los ingresos de familiares

Josep Playà Maset | Barcelona |  Al mismo tiempo que Càritas y el Institut d´Estadística de Catalunya señalan en sendos informes de reciente publicación que el número de pobres aumenta en Catalunya, uno de los programas de la Generalitat que debe ayudar a los más desfavorecidos ha sufrido un insólito recorte.

El decreto 123/ 2007 que desarrolla la Ley de Prestaciones Sociales, aprobada en 2006, ha realizado una interpretación restrictiva de las condiciones económicas para acceder a las prestaciones establecidas por necesidades básicas, de tal modo que de los teóricos más de 51.000 beneficiarios previstos para estas ayudas se ha pasado a sólo 8.000.

El diputado de CiU, Josep Lluís Cleries, ha sido el primero en denunciar este recorte y ha llevado el tema al Síndic de Greuges, Rafael Ribó, quien lo ha admitido a trámite. La ley establecía que la prestación era de carácter individual y estaba pensada para aquellas personas cuyos ingresos estuviesen por debajo del Índice de Renta de Suficiencia (IRS), calculado en 544 euros al mes. En los presupuestos del 2007, el Departament d´Acció Social i Ciutadania estimó en 51.172 los posibles beneficiarios de esta ayuda y destinó una partida de 20 millones de euros para las prestaciones.

Sin embargo, el reglamento aprobado por el Govern durante este mismo año establece finalmente que entre los requisitos económicos para la concesión de la ayuda se tendrán en cuenta los ingresos de "la unidad familiar o de convivencia" y no unicamente los del afectado. Eso supone que si la persona que pide la ayuda tiene algún familiar con el que vive, su renta se suma a la suya. La consecuencia ha sido que en el 2008, la Generalitat ha realizado una previsión de solamente 8.000 beneficiarios de las ayudas con un coste de 9,3 millones de euros, menos de la mitad de la partida inicialmente prevista. Josep Lluís Cleries pide ahora al Síndic de Greuges que intervenga como garante y defensor de los derechos de las personas, porque considera que se ha aprobado un reglamento que no se ajusta al espíritu de la ley.

La versión de la Generalitat, que sólo ha sido posible obtener a través de su oficina de prensa, es que el decreto intenta evitar "inequidades". Se considera que si alguien tiene un familiar con más renta "ya no pertenece a esa categoría de personas con necesidades básicas". Por otro lado, desde la Generalitat se recuerda que existen otras prestaciones para personas con dependencia o con situaciones complicadas. Y se agrega que, en todo caso, "si hay más de 8.000 solicitudes, nadie quedará fuera". Otro elemento de confusión es la cifra de personas que el año pasado solicitaron esa ayuda. Sólo 991 acudieron a la ventanilla de la Generalitat para reclamar la ayuda y eso que la ley establecía que se concedería con efecto retroactivo al momento en que se aprobó la ley. Pero con la coletilla de que sólo quienes lo pedían antes del 31 de diciembre del 2007 tenían derecho a esta retribución con carácter retroactivo. El resto lo perdía.

¿Cómo se explica, pese a todo, que unas 7.000 personas pobres hayan renunciado a esa ayuda? Desde la Generalitat dicen que quizás no hay más personas en esta situación extrema. Desde las entidades sociales se considera en cambio que hubo muy poca información y publicidad. Cleries va más allá y asegura que a diferencia de otras ayudas estas se intentaron esconder para evitar más polémica. El debate se ve acelerado por otro dato. El estudio económico de la ley cifró el número de posibles beneficiarios de esta prestación en 85.537 personas. Entonces se había establecido que había unas 80.000 personas que solo cobraban el seguro obligatorio de vejez e invalidez (SOVI), cuyo importe es de 322 euros mensuales. Otras 3.015 personas cobraban el subsidio de integración social del minusválido (ISMI) y 1.387 el fondo de acción social (FAS), cuyo importe en ambos casos es de 149 euros. Según la ley, la ayuda para necesidades básicas debía alcanzar en el 2008 el 75% del IRS, para aumentar progresivamente hasta el 100% en el 2010.

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