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Un estudio reclama una ley para combatir la pobreza en España

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De acuerdo con indicadores europeos, en España hay en torno a un 20% de hogares en situación de pobreza relativa, es decir, con rentas inferiores al 60% del promedio nacional de renta, y otros tantos que sufren algún tipo de privación, como la imposibilidad de disponer de una semana de vacaciones al año, no comer carne, pollo o pescado cada dos días, falta de calefacción en el hogar o retrasos en los pagos corrientes, por ejemplo.

Estas estadísticas varían según las comunidades autónomas y operan también factores como el desempleo, el nivel educativo, la edad, el sexo, o la presencia de un discapacitado en el hogar, ya que el riesgo de exclusión es mayor entre los parados, los menores de 16 años y los mayores de 65, y entre las mujeres. Éste es el panorama y para hacerle frente un estudio de la Fundación Alternativas sugiere, entre otras medidas, la conveniencia de «una ley nacional que garantice unos ingresos mínimos» a los hogares, iguales en todo el Estado.

La garantía de rentas mínimas -llámese salario social, renta de integración, etc- y la protección de la pobreza es competencia de las comunidades autónomas, y este hecho «provoca diferencias entre cada una de ellas, tanto en el importe de la prestación, como en las condiciones de aplicación, recalca Jesús Pérez Mayo, doctor en Economía Aplicada de la Universidad de Extremadura y autor de La dimensión territorial de la pobreza y la privación en España». Para salvar esta brecha, propone fijar un mínimo común, susceptible de ser aumentado por cada CC.AA. si dispone de presupuesto holgado y lo cree conveniente. Luchar contra la pobreza y la exclusión exige políticas más allá «de una simple transferencia de recursos hacia los individuos más desfavorecidos», señala.

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